Tras un primer encuentro, la audiencia pública por la Ley de Medios pasó a cuarto intermedio
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/6a9ac4e7d5d5c.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2013/08/384989.jpg)
Con todos los jueces de la Corte Suprema presentes, arrancó la primera audiencia pública por la Ley de Medios, el paso previo para que el máximo tribunal defina sobre la constitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso en 2009.
Durante la misma, los magistrados escucharon en primer lugar a cinco "amigos del tribunal" por cada una de las partes, es decir el Grupo Clarín y el Estado Nacional.
No obstante, tras las respectivas exposiciones, se resolvió pasar a un cuarto intermedio y continuar el debate mañana jueves a las 10.
Posiciones encontradas
El encuentro comenzó con una breve introducción de Ricardo Lorenzetti, quien consideró que se estaba ante "un caso de trascendencia nacional, que interesa no sólo a las partes sino a la sociedad".
En tanto, el primer turno para los amicus curiae fue para el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de medios y designado por Clarín, quien sostuvo que la nueva ley es "arbitraria" e "irrazonable".
Según consignó infobae.com, Aranguren señaló que deben evitarse abusos, tanto en la regulación de las licencias como en lo relativo a la concentración de medios, y cuestionó la adopción de pautas específicas anti-concentración de la norma en cuestión por no cumplir con las reglas generales de competencia.
El representante del grupo, además, afirmó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos".
Al exponer sobre la adecuación de la norma a tratados internacionales sobre Derechos Humanos indicó que "las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión".
En segundo término, el orador fue Beinusz Szmukler, perteneciente a la Asociación Argentina de Juristas y en representación del Estado, quien reclamó a la Justicia que disponga "la plena" vigencia de la Ley de Medios, ya que es "vergonzosa e injustificada la demora" de la aplicación de esa norma.
Szmukler, quien acusó de "monopolio" al grupo Clarín y de "desinformar", enfatizó que es necesario la implementación de la Ley de Medios para "que todos los habitantes de esta tierra tengan derecho a generar y recibir información veraz", en el marco de una "autentica democracia".
El siguiente expositor, en representación del grupo Clarín, fue Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, quien se expresó a favor de "la defensa de la libertad de expresión y de la actividad empresaria", según consginó el portal.
Oteiza trazó un paralelo con la jurisprudencia de los EE.UU. para la distribución de licencias de la televisión por cable, al señalar que en ese país "nunca se aplicó" la regulación en los operadores de cable.
El cuarto orador fue Carlos Ruta (Universidad Nacional de San Martín), quien señaló que se esta transitando "un momento histórico en la constitución democrática argentina", por lo que "las mejoras institucionales van de la mano con las controversias contra aquellos que tienen intereses" como parte "ineludible" del proceso.
Para fundamentar su apoyo a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el representante de la universidad bonaerense consideró que "los servicios audiovisuales son decisivos para la formación del consenso. Aquí está en juego al libertad y la democracia".
Luego fue el turno de Luis Pardo (Adepa), que apoyó la postura del Grupo Clarín e indicó que "las medidas antimonopólicas deben asegurar la libertad económica y de expresión". Al respecto, apuntó: "De declararse la constitucionalidad se producirían efectos indeseables en términos de pluralismo y se precarizará la sustentabilidad de los medios privados".
A continuación habló Víctor Abramovich, representante del Poder Ejecutivo Nacional, quien opinó que el Estado tiene la obligación de regular la concentración "para facilitar debate público". Y la intervención estatal, manifestó, "se justifica aún cuando lesione un interés particular, si es en pos del bien común".
Abramovich señaló, además, que no es el Estado la única posible amenaza a la libertad de expresión, sino que también la hace peligrar "la concentración privada".
En representación del Comité del Consumidor (Codelco) expuso Eliseo Verón, quien consideró que "la ley es obsoleta desde el día que salió publicada en el Boletín Oficial" porque no tuvo en cuenta el desarrollo de internet y las redes sociales.
"Con la infraestructura tecnológica de la red, no hay ninguna razón para limitar voces y que vengan otras, porque todos caben en la situación actual", completó.
Uno de los discursos más encendidos fue el que pronunció Miguel Julio Rodríguez Villafañe, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), quien arremetió contra las prácticas del Grupo Clarín porque "durante 29 años se marginó a sectores como el nuestro".
Con respecto a la aplicación de la ley de medios, señaló que "el pluralismo es una necesidad de la democracia, no del mercado, que, si no es controlado, con seguridad tenderá a la concentración". "No sólo hay que dar la palabra, sino asegurar que el volumen de unos no tape el de otros", finalizó.
El último orador de los "amigos del Tribunal" que defendió la demanda de Clarín fue el abogado Lucas Grossman, quien señaló que "la libertad de expresión y la defensa de la competencia van de la mano", por lo que con la aplicación de los artículos en cuestión "no sólo se reduciría la cantidad de información sino la calidad".
"Si existe una plétora de medios que se van a limitar a repetir cables de télam, porque no tienen los recursos para generar información, la libertad de expresión se habrá deteriorado notablemente", analizó. "La ley pretende aplicar un remedio extremos, sin respetar garantías expresas", resumió.
Luego llegó el turno de Horacio Verbitsky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comenzó con una crítica: "Celebramos la iniciativa de la Corte a favor de la transparencia y la comunicación, pero no coincidimos en la transofrmación del 'amicus curiae' en un subordinado 'amicus partis'".
De inmediato, el periodista profundizó: "Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la Justicia, y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de al voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes, hay un país afuera".
En el cierre de su breve alocución (las cuestiones más técnicas se las dejó a Damián Loreti), Verbitsky apuntó decididamente contra la "escandalosa dilación judicial que paralizó durante cuatro años una ley elaborada con la mayor participación social que se recuerde".
Luego fue el momento de los denominados Independientes: el primer turno fue para Cynthia Ottaviano, por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Poder Legislativo de la Nación), quien consideró que "la información pertenece al público, ni a una empresa ni al periodista, por eso no puede estar en pocas manos, menos aún en una sola. Si uno grita y los demás susurran, no hay elección posible, informó Infobae. Es tiempo de considerar a la información como un derecho, no como una mercancía".
Para finalizar, Ottaviano les habló directamente a los miembros del Máximo Tribunal y los instó a dar vía libre a la plena aplicación de la ley de medios.
En este sentido, afirmó: "Es decisión de esta Corte permitir que avance la democracia o hacerla retroceder 30 años en un segundo. Que defina quién es David y quién es Goliath. Que Dios los ilumine para que vean lo que todos nosotros vemos y declaren la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Más moderado fue el discurso del representante del Centro de Estudios en Derecho y Economía (Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires), Juan Vicente Sola, quien no dudó en denunciar que "se está ante un caso de expropiación regulatoria, porque se obliga a vender una propiedad cuando no existe un mercado instalado de esa magnitud. Esto generará baja de precio y un claro perjuicio" al propietario que tiene que desinvertir.
Un cierre polémico
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tuvo la oportunidad de ponerle punto final a la primera jornada de audiencia y lo aprovechó para pegarle sin contemplaciones al Grupo Clarín: "Le solicito a esta corte que dicte un fallo histórico develando las falacias de este proceso".
Tras ese reclamo, la funcionaria apuntó contra la parte demandante denunciando su "posición construida violando Derechos Humanos" y un "oligopolio" sostenido con la "prensa escrita durante el terrorismo de estado", que obtuvo "excepciones legislativas y fallos judiciales contrarios a las leyes, gracias al enorme poder de lobby que tiene una potencialidad extorsiva proporcionada por la concentración emdiatica".
"Hoy son los medios los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos. Le pido a la Corte que garantice el derecho de todos los argentinos a tener una ley que garantice la comunicacon democrática", finalizó.
Eran las 13.20 cuando se anunció el final de la primera jornada de la audiencia, que proseguirá mañana a las 10, cuando está previsto que expongan Clarín y el Estado nacional: si bien el Gobierno aún no definió los oradores que lo representarán, sí lo hizo el multimedios, que presentó a los abogados Alejandro Carrió, María Angélica Gelly y Damián Cassino.
El jueves, en tanto, está previsto que expongan Clarín y el Estado nacional: si bien el Gobierno aún no definió los oradores que lo representarán, sí lo hizo el multimedios que presentó a los abogados Alejandro Carrió, María Angélica Gelly y Damián Cassino.
Los artículos de la pelea entre el Gobierno y Clarín
En este contexto, vale citar los principales puntos en discusión de esta ley que fue aprobada por el Congreso en 2009. Se trata del artículo 45 y del 161.
El primero prohíbe que un mismo operador acumule licencias de TV, radio y cable. Además, prohíbe que una operadora de cable llegue a más del 35% del país y que un operador de cable, en una misma zona, tenga un canal de aire. Para Clarín este artículo es "irrazonable"
El segundo (más conocido como la cláusula de desinversión) establece que los grupos periodísticos tienen un año para adecuarse a la ley, por lo que deberán desprenderse de aquellos medios que sean incompatibles. Para la empresa dirigida por Héctor Magnetto esto afecta los derechos adquiridos.
