Un fallo judicial avaló la actividad de los "trapitos"
La Justicia de Garantías de Bahía Blanca concedió un hábeas corpus a una decena de "trapitos" que desde hace varios años cuidan coches en pleno centro de la ciudad, y quienes habían sido desalojadas de los alrededores de la plaza Rivadavia por personal de la Prefectura.
Los prefectos los habían amenazado con llevarlos detenidos si no cesaban en la tarea que realizan día y noche, frente a edificios públicos como la municipalidad, los tribunales y numerosos comercios, indicó el diario Clarín.El recurso, inédito para la ciudad, había sido solicitado por un grupo de cuidacoches y fue patrocinado por la Defensoría General Departamental bahiense.La jefa de la repartición, Graciela Cortázar, fundamentó su presentación en el artículo 19 de la Constitución Nacional y calificó la actitud de los efectivos de la fuerza de seguridad como "ilegítima, ilegal y arbitraria".
Al aceptar el planteo, la jueza de Garantías Gilda Stemphelet ordenó a Prefectura "se abstenga de interferir con la actividad" que desarrollan los denominados "trapitos". Entre los vehículos que colaboran a estacionar, cuidar y lavar, se encuentran los de varios jueces, funcionarios municipales y empresarios, agregó el matutino.El desalojo comenzó a mediados de septiembre, a los pocos días que el centro bahiense empezara a poblarse de duplas de efectivos de Prefectura. Los envió el Gobierno nacional para colaborar con la policía bonaerense en la seguridad de la ciudad, golpeada por una ola delictiva. En principio, el amedrentamiento surtió efecto porque los cuidacoches desaparecieron del sector durante algunos días, por temor a que la amenaza se concretara, señaló Clarín. Al retornar, volvieron a ser acosados y seis de ellos recurrieron a la defensoría, donde se redactó el pedido de hábeas corpus colectivo preventivo que ayer avaló la Justicia. "Al ser colectivo, pedimos que el cese de esta amenaza arbitraria, se extienda a todas las personas que realizan esta actividad", agregó Cortázar.Según Stemphelet, "no existió motivo alguno valedero ni justificado para desalojar del lugar a esas personas".En su resolución, la jueza dejó explícito que esta decisión "de ningún modo impide actuar a la fuerza" en caso de que se observe la comisión de algún delito o contravención en la vía pública. Desde la municipalidad bahiense admitieron que el jefe de calle de la Prefectura los consultó sobre si la actividad de los cuidacoches estaba regulada. Al recibir una respuesta negativa, los efectivos procedieron con el desalojo verbal y extraoficialmente dijeron que contaban con el aval municipal, lo que fue negado por las autoridades bahienses.