Investigan a una funcionaria de la IGJ que habría cobrado $500.000 en forma retroactiva
Una funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) quedó bajo la lupa, luego de que se conociera que habría recibido un pago de manera retroactiva, pese a estar ocupando otro cargo.
El caso, que ahora está bajo investigación, involucra a Susana Graciela Junqueira, quien asumió al frente de la Dirección del Registro Nacional de Sociedades y habría cobrado en forma retroactiva $500.000 cuando ya ocupaba otro puesto.
El titular de la IGJ, Rodolfo Tailhade, habría otorgado medio millón de pesos a la funcionaria que pasó a ocupar un cargo clave en ese organismo, según consigna el diario La Nación.
Dicho puesto se encontraba vacante desde que su titular fue desplazada por negarse a convalidar el "cepo" informativo por el llamado caso Ciccone, que también incluyó el robo o pérdida de los legajos de The Old Fund, de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y de la firma London Supply.
La designación recayó en Susana Graciela Junqueira, quien asumió al frente de la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, tras un proceso que se plasmó en un expediente que, según el matutino, estuvo plagado de supuestas irregularidades y que ya derivó en la radicación de una denuncia penal por la presunta comisión de cinco delitos.
Junqueira quedó como directora de manera retroactiva al 1° de noviembre de 2012, aún cuando por entonces se desempeñaba como jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales.
Es decir que fue designada de manera retroactiva y habría cobrado medio millón de pesos. Además, supera la edad prevista en la ley previsional para acceder a la jubilación y obvió someterse a un análisis de aptitud psicofísica y presentó un certificado de 1979, de hace 34 años.
Cuando accedió por primera vez a la administración pública pasó a ocupar dos cargos y, además, cobró de manera retroactiva un segundo salario en la función pública, algo que está prohibido por ley.
Sin embargo, la orden de pago siguió adelante, por cerca de medio millón de pesos, hasta contar con el visto bueno del Ministerio de Economía, lo que así quedó plasmado en el decreto de designación 1430/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre pasado.
Junqueira no fue la única funcionaria en esa situación. Algo similar ocurrió con el flamante director de Entidades Civiles de la IGJ, Gerardo Ganly, quien también habría asumido en el cargo de manera retroactiva y, por tanto, con doble cargo y doble salario.
En su caso, con un certificado de reincidencia vencido y otro de aptitud física con dos años de antigüedad, según La Nación.