Pidieron la indagatoria del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone

Hizo el requerimiento ante el juez Lijo. Se lo acusa de "negociaciones incompatibles" con la función pública. Solicitó que se llame a declarar a Echegaray
Por iProfesional
LEGALES - 06 de Febrero, 2014

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió este jueves al juez Ariel Lijo cite a declaración indagatora a Amado Boudou, en el marco de la investigación de la causa Ciccone.

El vicepresidente está imputado en ese expediente por los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública" y "enriquecimiento ilícito".

La Justicia acumuló las pruebas suficientes para sostener la sospecha de que Boudou utilizó su cargo de ministro de Economía para beneficiar desde el Estado a los accionistas de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.

Esas personas pasaron a tomar el control de esa compañía mediante una sociedad llamada The Old Fund, que estaba presidida por Alejandro Vandenbroele, acusado de ser “testaferro” del vice.

Además, Di Lello también le solicitó al magistrado que lleva la causa, que llame a indagatoria al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; al socio de Boudou, el millonario José María Núñez Carmona; y a miembros de la familia Ciccone, fundadora de la firma que fue bautizada con ese apellido

El argumento del fiscal es que Boudou, cuando era ministro de Economía, "se interesó" indebidamente en el trámite del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. En el caso de Echegaray, la acusación es que dio un trato preferencial a la nueva Ciccone.

Los acusadosLuego de dos años de iniciada la causa, en febrero de 2012, el fiscal pidió la indagatoria de Boudou, Echegaray, del socio y amigo del vicepresidente José María Núñez Carmona, y del abogado Alejandro Vandenbroele.

Vandenbroele en nombre de la firma The Old Fund adquirió la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), luego de conseguir un dictamen a favor del Ministerio de Economía para que se le levantase la quiebra.

El pedido del fiscal incluye a Nicolás Ciccone, entonces dueño de la empresa antes de cambiar de manos; de su yerno Guillermo Reinwick; de Rafael Resnick Brenner, jefe de Asesores de la AFIP, y de Máximo Lanusse, quien acompañó a Vandenbroele en The Old Fund.

A Ciccone y Reinwick, el juez Ariel Lijo los tomó como querellantes en el caso, o sea víctimas, con lo cual podría haber una primera discrepancia evidente entre lo que pidió Di Lello y lo que dispone el juzgado; y lo mismo en el caso de Echegaray, quien incluso había sido convocado el año pasado como testigo.

Ambos fueron quienes al declarar como testigos, a fines de 2013, aseguraron que Boudou intervino en las negociaciones por la venta de Ciccone y que fueron obligados a vender; y luego el juez Lijo los aceptó como querellantes.

El pedido de indagatoria también alcanzó a Pablo Amato, ex yerno de Ciccone y Director de la Compañía de Valores Sudamericanas (CVS); de Sergio Gustavo Martínez y Jorge Capirone, ambos de The Old Fund.

El caso CicconeBajo mando de la sociedad The Old Fund, la empresa Ciccone Calcográfica fue contratada por la gestión de Cristina Kirchner para confeccionar 410 millones de billetes de cien pesos. Eso sucedió a pesar de que la compañía ya estaba siendo investigada por la Justicia.

La Presidenta jamás habló públicamente de este escándalo, en el que también está involucrada, según reconstruyeron decenas de fuentes que fueron o son protagonistas de esta trama.

Durante dos años, el hoy vice negó las acusaciones que lo comprometían con Ciccone Calcográfica.El primer juez del caso Ciccone, Daniel Rafecas, y el fiscal original de la causa, Carlos Rívolo, fueron apartados de la instrucción.

A poco de terminada la semana santa del 2012, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, debió renunciar a su puesto cuando el propio Boudou en persona denunció que era parte de una mafia que buscaba destituirlo.

El vice aseguró que la banda criminal que supuestamente lo perseguía era transversal e interdisciplinaria: según él, también incluía a destacados empresarios y periodistas, a los que una vez más describió como "esbirros".

El juez Lijo decidirá si hace lugar al pedido del fiscal, si se llevan adelante las citaciones. No tiene plazo para contestar y podría no hacerlo.

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