Buey Fernández: "El APE resultó una herramienta eficaz para las grandes empresas"

En ese marco, Pablo Buey Fernández destaca que aquellas empresas ubicadas en algunos sectores que respondieron mejor a la crisis y, por lo tanto, menos dependientes de la tarifa que otras, "demuestran que el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) resultó una herramienta eficaz para reestructurar sus deudas. Pero está claro que quedan empresas de envergadura que son más sensibles a su arreglo de tarifas, sobre todo por los volúmenes de deuda involucrados".Cobra relevancia, por eso, el debate sobre la constitucionalidad del APE, que hoy está siendo abordado en algunos casos aislados en la cámara comercial. La cuestión podrí­a tener un desenlace en los próximos meses."Creo que antes que un verdadero test acerca de si el APE como instituto se adecua o no a la Constitución, interrogante que en mi opinión se resuelve siempre por la afirmativa, considero que debe indagarse si se está en presencia de una situación de abuso", indica Buey Fernández.Según el especialista, "cualquier declaración de inconstitucionalidad va a tener un impacto muy fuerte, no va a ser una buena noticia. En cambio, sí­ lo serí­a si la cámara dijera que no es un problema de violación de normas constitucionales, sino simplemente una propuesta que no pasó el test de falta de abuso. Habrá que estar atentos al mensaje de los jueces".Buey Fernández también aclara que, aunque en general, la práctica del APE ha traí­do buenos resultados a las empresas y comerciantes, "serí­a muy conveniente que este instrumento tuviera algún retoque legislativo que le brindará certidumbre en temas que ya fueron resueltos en la práctica judicial, con lo cual todos los agentes económicos no tendrí­an más dudas al respecto".Y agrega que "en este sentido, los jueces de la Capital han hecho muy buen trabajo con relación al APE, que está probando ser un vehí­culo de buen servicio para las empresas y, sobre todo, para los acreedores que han encontrado en esta figura un mecanismo muy racional de composición de sus intereses, pese a la magnitud de las emisiones y la dispersión geográfica de las colocaciones".