Como todos los 1 de marzo, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar ante el Congreso. Si bien el discurso se centró en defender los años de gestión del kirchnerismo, quedó en claro que ambas cámaras tendrán un 2014 con mucho trabajo.

Durante su alocución en la apertura del 132° período de sesiones ordinarias, la mandataria trató temas sensibles tanto para las empresas como para los particulares, en un año en el que la inflación ocupa el primer lugar en el ranking de preocupaciones de los argentinos. 

Allí mencionó algunas de las iniciativas que marcarán la agenda legislativa de este año. Además, de las nombradas en ese momento, como la inicitiva para legislar sobre las protestas y para defender a los consumidores de los grupos monopólicos hay otras que cuentan con el aval del Poder Ejecutivo para que se avance en su tratamiento. El propio jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, Miguel Pichetto, señaló que la Jefa de Estado es quien marca la agenda parlamentaria.

Una agenda legislativa cargadaEntre los legisladores de distintos partidos, hay consenso en volver a tratar ciertos temas clave que -como consecuencia de la baja actividad legislativa por la campaña electoral- quedaron "archivados" el pasado año.

Uno de los destacados será el debate por el Código Civil, que ya cuenta con media sanción del Senado. 

La normativa abarcará temas tales como el divorcio "exprés", el régimen de adopción, el concubinato y los acuerdos económicos entre parejas, entre otros que hacen al Derecho Civil. 

Pero también cuestiones patrimoniales, entre las que se destacan las referidas a las deudas en dólares, la creación de las sociedades anónimas unipersonales y la fijación de límites respecto de los alquileres.

Sin embargo, hay grandes posibilidades de que una de las mayores polémicas legislativas esté centrada en otro debate que despierta pasiones porque involucra convicciones éticas y religiosas. Ocurre que el oficialismo intenta dar marcha atrás con una concesión a la Iglesia y así devuelva el proyecto a la Cámara alta con la redacción original del artículo 19, referido al comienzo de la vida “desde la concepción”.

Proyectos para la polémicaOtro de los proyectos que hará ruido en el Congreso será el de la limitación de la responsabilidad del Estado, que ya cuenta con media sanción en Diputados. 

En su artículo primero, establece que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria". Y agrega que "la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios".

Una de las críticas principales de la oposición recae en que la regulación haya sido excluida del proyecto de Código Civil y Comercial, bajo el argumento oficial de que corresponde al ámbito del derecho administrativo.

También se analizará el Digesto Jurídico, con media sanción de la cámara baja, que comprende el trabajo de una comisión para ordenar el sistema de leyes, ya que quedarán vigentes tan solo el 10% de las 32.000 normas dictadas desde 1852.

Sobre parches y expropiacionesPor otra parte, en el período legislativo 2014 comenzará a tener relevancia la discusión por el nuevo Código Penal. 

A principios de 2012, el Gobierno creó una comisión para la elaboración  de un proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código, conformada por Eugenio Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, María Elena Barbagelata y León Arslanian. 

Esta comisión terminó de redactar el anteproyecto a mediados de diciembre pasado y el texto ya puede ser analizado por los legisladores.

Será una reforma integral luego de los sucesivos “parches” que se le introdujeron en los últimos años. El mecanismo de la discusión será similar al que tuvo el Código Civil.

En los últimos días, la polémica se originó luego de que el diputado oficialista Héctor Recalde presentara un proyecto para modificar las leyes de Lealtad Comercial, Abastecimiento y de Defensa del Consumidor. 

La misma habilita al Poder Ejecutivo a declarar "de utilidad pública y sujetos a expropiación" y a "intervenir y disponer la venta" de bienes para evitar el desabastecimiento haya o no "caso de urgente necesidad pública".

Ante el reclamo de las compañías, el legislador señaló que la iniciativa no implica un mayor "control" del Gobierno sobre la actividad empresarial, sino que apunta a "acortar los plazos procesales" y a actualizar multas ya contempladas en la legislación vigente.

A fines de 2013, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó que el Plan Antievasión III "ya está concluido" y se encuentra a la revisión del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete para su remisión al Congreso.

Pendientes de la agenda laboralEn materia de derecho laboral, la mirada estará puesta en un proyecto del diputado Recalde para ampliar las licencias por maternidad y paternidad. 

Además, habrá discusión por otras iniciativas relevantes como la que limita el trabajo los fines de semana.

En la actualidad, la Ley de Contrato de Trabajo establece que corresponde pagar con un 100% de recargo las horas que se trabajen los días sábados -después de las 13 horas-, como así también los domingos y feriados. Además, el marco vigente contempla la existencia de francos compensatorios. 

Sin embargo, el decreto de desregulación económica suspendió ese beneficio para los trabajadores. Ahora se busca volver a la situación previa.

También se analizará un proyecto para acortar el plazo de otorgamiento de las sumas no remunerativas. 

El proyecto de ley indica que, a partir del 1° de enero del año siguiente al de su sanción, "toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se establezca en convenios colectivos o acuerdos de igual naturaleza" tenga "carácter remunerativo".

En concreto, se pretende que todo monto que reciba un dependiente en retribución por su trabajo revista esa calidad, lo que impactará en el cálculo de indemnizaciones, aguinaldo, horas extras y vacaciones, entre otros rubros, como así también generará el pago de contribuciones patronales y la retención de los aportes que fija la ley para los asalariados.

Uno de los más esperados por los dependientes es el que trata los casos de “mobbing”. 

De acuerdo con el proyecto que está a la espera de ser analizado, se entenderá por violencia laboral a "la acción psicológica que, de forma sistemática y recurrente, ejerza una persona o grupo de personas sobre un trabajador en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o lograr que renuncie al empleo".

Por otro lado, hay consenso para aprobar un proyecto para que se puedan realizar trámites bancarios en cualquier sucursal de una entidad en que esté acreditada la cuenta sueldo del dependiente, dejando de lado el actual sistema que contempla sólo a la sede en la que está radicada la cuenta.

Proyectos con media sanciónEn una de las últimas sesiones del año, se aprobaron varios proyectos. 

Uno de ellos pretende que el trabajo no exceda las ocho horas diarias o 45 horas semanales -hasta ahora eran 48- tanto en el sector público como en el privado.

Además, en dicha sesión de Diputados, se dispuso fijar un plazo de 30 días para "la notificación del despido" y un día hábil de anticipación para suspensiones, salvo que obedezcan a fuerza mayor.

De este modo, se busca "colocar al trabajador en una situación de certeza para que sepa cuál es la conducta a asumir y sobre todo cuestionar o no la causa invocada, controlando asimismo la adecuación de los plazos de la suspensión según lo establecido por la ley".

Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros señaló entre los objetivos del Congreso para este año, la regulación del teletrabajo, así como también de aquellos que se desempeñan en la venta directa y del reglamento de los teleoperadores.