Scoccimarro se desligó del caso por Fútbol para Todos: dijo que solo cumplió "papel administrativo"

El vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, ingresó poco después de las 10.30 al juzgado de Claudio Bonadio donde declaró como sospechoso en la causa que investiga una supuesta malversación de caudales públicos en un spot publicitario del programa "Fútbol para Todos", mediante el que se criticaba la gestión del Gobierno porteño sobre los subtes de la ciudad.

El funcionario aseguró este viernes a la Justicia que solamente cumplió un "papel administrativo" en la emisión del spot.

Scoccimarro llegó acompañado por el abogado Diego Pirota, que también defiende al vicepresidente Amado Boudou en la causa por la ex imprenta Ciccone Calcográfica.

Fuentes judiciales aseguraron a DyN que el secretario de Comunicación Pública compareció durante unos quince minutos ante el juez federal Claudio Bonadio para prestar declaración indagatoria y optó por presentar un escrito de descargo.

El texto defensivo de Scoccimarro hizo hincapié en "la legalidad del proceso" por el cual intervino y firmó la autorización para la realización y difusión del spot en cuestión por lo que, añadieron las fuentes, pidió al magistrado que declare su sobreseimiento en el expediente.

Para el lunes próximo, a las 10.30, el juez Bonadio citó a declaración indagatoria el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Además de Soccimarro, ya se presentaron ante el juez los otros dos imputados: el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Gustavo Fernández Russo, y Rodrigo "Rodra" Rodríguez, ex funcionario de Comunicación y actual secretario de Organización y Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social.

Ambos también presentaron escritos en los que negaron las acusaciones y explicaron su rol en la emisión del spot discutido.

Los cuatro están acusados por la emisión, el 11 de agosto de 2012, de un spot en el entretiempo del partido River-Estudiantes en el que se responsabilizaba al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por una huelga de trabajadores del subte y sostenía que era deber de la administración local solucionar el conflicto.