Investigan al titular de Comunicaciones por sospechas sobre su declaración jurada
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El fiscal federal Gerardo Di Masi imputó al actual secretario de Comunicaciones Norberto Berner por presuntas falsedades e irregularidades en su declaración jurada de 2012.
Di Masi solicitó medidas de prueba para avanzar en la causa al juez federal Sebastián Casanello, a cargo del expediente contra el funcionario, quien estaba al frente de la Inspección General de Justicia, cuando desapareció información relevante para la causa Ciccone.
La diputada del GEN Margarita Stolbizer había denunciado al funcionario el 29 de abril pasado, tras detectar “una serie de irregularidades importantes en su declaración jurada. Según consta en la denuncia, Berner, que fue director en Telecom en representación del Estado entre diciembre de 2010 y abril de 2013, recibió “un préstamo de 400 mil pesos que consignó en su declaración jurada”.
“Resulta raro que una empresa de telecomunicaciones le preste semejante suma de dinero a un director y que éste se la devuelva en cuotas o por partes”, sostuvo Stolbizer.
Días antes, luego de la información sobre el préstamo que difundió el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, Telecom aseguró en una nota que remitió a la Comisión Nacional de Valores que Berner “no ha tenido ni tiene ninguna” deuda con la compañía. Se trataría –en rigor– de un adelanto en concepto de honorarios. “Después de ser director de Telecom, es secretario de Comunicaciones, un cargo desde el que debe auditar a la misma empresa con la que tiene deuda”, cuestionó ayer Stolbizer en diálogo telefónico con el diario Clarín.
La diputada también inquirió sobre la diferencia de valores en los inmuebles de Berner, que con los años bajaban de precio, a diferencia de lo que sucede en el mercado inmobiliario. Además, como director de la telefónica –apuntó Stolbizer– tenía un sueldo de 90 mil pesos y gastos mensuales por 27 mil pesos.
En la denuncia, la legisladora también cuestionó una deuda que Berner mantiene con la ANSeS. “¿En qué concepto surge esa deuda? ¿Si fue un préstamo, es legal que la ANSeS le preste plata a un funcionario público?”, se preguntó Stolbizer.
De ser procesado y hallado culpable, Berner enfrenta una pena que va de los 15 días a los dos años de prisión y la inhabilitación para ejercer la función pública, según manda el artículo 268 (3) del Código Penal. Decidirá el juez Casanello, el mismo que investiga la participación del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Curiosamente –recuerda Stolbizer– Berner dirigía la IGJ cuando documentación sensible sobre Ciccone desapareció del organismo e hizo inaccesibles otros que perjudicaban a Lázaro Báez.
