Ley de Abastecimiento: los empresarios del G6 tuvieron su primer traspié judicial
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El juez en lo civil y comercial que recibió el amparo del G6 (grupo de empresarios más importantes del país) se declaró incompetente para resolver la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Abastecimiento, lo que fue interpretado por los hombres de negocios como una forma de eludir el tema y evitar conflictos con el Gobierno.
Se trata del juez federal del fuero Civil y Comercial Horacio Alfonso, el mismo que intervino en la causa de la Ley de Medios.
Este magistrado recibió la causa luego de que el patrocinante de los empresarios, Juan Carlos Cassagne, recusara al primer juez al que le había caído la demanda por sorteo. Ocurrió que se trataba del mismo juzgado que tiene la causa de la Sociedad Rural Argentina (SRA) contra el Gobierno por la anulación de la compraventa del predio de la Rural dispuesto por el Gobierno por decreto en 2012, indicó el diario El Cronista Comercial.
Fuentes empresarias aclararon que el G6 consideró que no resulta prolijo que el mismo juez tenga dos causas con los mismos protagonistas, por lo que Cassagne avanzó con la recusación y la causa por la Ley de Abastecimiento cayó en el juzgado de Alfonso.
Este magistrado consideró que no es de su competencia juzgar la inconstitucionalidad de la norma, por lo que no tomó el caso. Sin embargo, el estudio de abogados contratado por el G6 insistió ante ese juzgado e impugnó la decisión de Alfonso, al tiempo que reforzó la tesis de que sí es competencia del juez civil y comercial tratar esta causa, remarcó el citado matutino. Luego llegó la feria judicial y todo quedó en stand by. Será hasta febrero, cuando los jueces retomen la actividad. Mientras tanto, los empresarios aprovechan los días de veraneo.
"Nosotros siempre supimos que era una posibilidad que el juez rechace tomar el caso, así como también que lo tome y no avale nuestro planteo", consideró uno de los miembros del G6, conformado por las cámaras de Comercio (CAC); Construcción (Camarco); la Unión Industrial Argentina (UIA); la Bolsa de Comercio; la SRA y la Asociación de Bancos argentinos de Capital Privado (Adeba).
Las principales dudas en varias de las cámaras giraban en torno a si era factible realizar un pedido de inconstitucionalidad de la norma en abstracto, es decir, sin la existencia de un caso concreto. Muchos abogados de las entidades sostenían que no era posible, pero finalmente la resolución de Cassagne -contratado para llevar adelante esta acción en conjunto- fue que sí se podía presentar debido a que la sanción misma de la ley implicaba un "daño inminente".
