Los nuevos desafí­os en servicios públicos argentinos

Luego de la crisis de 2001, que golpeó duramente a los servicios públicos, arrojando rupturas de contratos y, fundamentalmente, profundos cambios en el mercado, hoy se presentan nuevos desafí­os para el sector.En ese sentido, Guido Tawil, especialista y socio de M&M Bomchil, señaló que entre aquellos retos está el de enfrentar el debate sobre si los servicios públicos deben ser o no privatizados.Así­, remarcó que es una discusión innecesaria e inadecuada. "Durante los ’90 se produjeron algunos avances importantes en calidad, inversiones y cobertura, hubieron problemas tarifarios pero sobre el modelo existente se podrí­a trabajar y es una pena que modelos desarrollados en electricidad y gas estén siendo cuestionados y afectados". Agregó que es muy difí­cil desarrollar inversiones a largo plazo "si no se hace en un esquema de seguridad jurí­dica". En ese sentido explicó el modelo chileno, donde "aun cambiando los signos polí­ticos los esquemas se mantienen".Resaltó que hay que terminar con la dicotomí­a falsa que se produjo durante los ’90 entre prestador-usuario, prestador-Estado y usuario-Estado como si fueran enemigos en lugar de colaboradores. "Un servicio público no se puede desarrollar si hay un enfrentamiento permanente entre el prestador y el usuario". Una vez finalizada la emergencia económica "hay que restaurar rápidamente los mecanismos existentes, por ejemplo gas y electricidad tení­an mecanismos de ajuste para situaciones extraordinarias que no se usaron". Además, se deben iniciar las reformas de segunda generación para implementar mecanismos en búsqueda de mayor competencia, "probablemente desarrollar esquemas de tarifa social, como lo hace Bolivia".Tawil aseguró que se debe avanzar en la integración energética, dado que con la crisis del 2001 se produjo la ruptura de los contratos de exportación de gas a Chile o de electricidad a Brasil. Finalmente, advirtió que una de las obligaciones que tiene pendiente el Estado es profesionalizar los mecanismos regulatorios.EfectosEl especialista indicó que los efectos de la ley 25.561, de emergencia económica, fueron "devastadores", tanto sobre los prestadores como sobre los inversores. Según Tawil, se produjo una ruptura general de los contratos, una situación de caja positiva por parte de las empresas, porque dejaron de pagar normalmente a sus acreedores, y marcó una situación transitoria que no beneficia al servicio público, dado que es una inversión a largo plazo que necesita cubrir ciertas metas de inversión.Asimismo, explicó que aquella normativa produjo un cambio en el mercado, en lugar de ser para empresas de gran prestigio y técnica que buscan un rendimiento a largo plazo, "pasó a ser un mercado para inversores de oportunidad". Otra consecuencia es la "creciente litigiosidad y politización del tema".

Pablo Méndezpmendez@infobae.com