La Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo contra la creación de la Justicia del Consumidor

La Ciudad de Buenos Aires interpuso una acción de amparo para frenar la creación de la Justicia Nacional de las Relaciones de Consumo por considerar que no respeta su autonomía y afecta el derecho de defensa de los consumidores y usuarios.

También pidió que se declare la inconstitucionalidad del nuevo Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo en su totalidad, aprobado el año pasado por el Congreso nacional.

El fiscal general en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Fernando Martín Ocampo, expresó en el pedido de amparo y criticó que el paquete impulsado por el Ejecutivo nacional establece normas de procedimientos aplicables en el ámbito administrativo y judicial local, propias de la Legislatura porteña.

Además, consideró que la ley afecta las competencias propias de los fiscales de la ciudad, que se verán obligados a presentarse en todas las acciones que se inicien en la nueva Justicia Nacional de las Relaciones del Consumo, solicitando su incompetencia y la remisión de las causas a la Justicia porteña.

Ocampo resume que la ley genera una verdadera situación de incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los consumidores y usuarios de la ciudad de Buenos Aires. También porque los somete a trámites administrativos previos y obligatorios inexistentes en la ley local, señaló el Cronista Comercial.

El fiscal criticó que la definición del "daño directo" a ser resarcido lo circunscribe a los "daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objetos de la relación de consumo", dejando fuera el perjuicio causado a la persona del consumidor, al tiempo que limita a los órganos que podrán aplicar este daño con exigencias y regulaciones.

El nuevo Sistema de Resolución de Conflictos del Consumo prevé tres instancias. La primera es conciliatoria y obligatoria para el consumidor, y se denomina Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Recién si ésta fracasa, se puede acudir a una instancia administrativa o a otra judicial, que son alternativas y excluyentes, explicó Naldo Dasso, de Nicholson y Cano, a el diario El Cronista Comercial.

El Ministerio de Economía dictó el 16 de marzo pasado la resolución 127/15 estableciendo la apertura del COPREC, aunque esto se frenaría en el ámbito porteño si la Justicia otorga el amparo que solicitó el fiscal Ocampo.

El COPREC, que actuará a nivel nacional, es una mediación obligatoria que el consumidor debe iniciar, para que ante un conciliador se intente arribar a un acuerdo.