Revisarán las condenas a Pedraza y la patota ferroviaria que asesinó a Ferreyra
La Cámara Federal de Casación Penal convocó para el jueves 25 a una audiencia de revisión de las condenas a José Pedraza y otros ex dirigentes y activistas gremiales de la Unión Ferroviaria por el crimen de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero (PO) asesinado a tiros en 2010.
Los camaristas Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Liliana Catucci citaron a las partes a una audiencia oral previa a determinar si confirman, revocan o modifican las condenas impuestas en abril de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal 21 (TOC21).
La audiencia tiene por objeto la ratificación oral de los planteos presentados por escrito por las partes tras el juicio. En el caso de los defensores de Pedraza y su patota, estos pretenden su absolución y la anulación de pruebas fundamentales.
En el caso de la querella, se insistirá en la calificación del crimen. Tanto el TOC 21 que condenó a Pedraza como su defensa cuestionaron la posibilidad de acusar por tentativa de homicidio agravado a Pedraza, Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Cristian Favale y Gabriel Sánchez.
El argumento del tribunal es que las penas de 18 a 15 años de prisión que recibieron representan más de la mitad de la pena que permite solicitar el Código Penal por las graves heridas de Elsa Rodríguez (25 años).
Pero para la querella "el trasfondo del debate es la existencia de un plan criminal -como hemos sostenido desde el primer momento- que tuvo por objeto quebrar la lucha de los tercerizados ferroviarios y preservar un negociado que compartían burócratas, funcionarios y empresarios".
"Para el tribunal que condenó a Pedraza, el homicidio consumado y las heridas de los compañeros no fueron premeditados; los calificaron como "simples"", señaló la Asociación de Profesionales (APEL) que representa a una parte de las víctimas.
El TOC 21 consideró que la acción premeditada de los acusados se limitó a aleccionar a los tercerizados utilizando armas de fuego y, si bien el homicidio de Ferreyra y las heridas graves que sufrieron sus compañeros eran una posibilidad que los autores podían representarse, no eran su intención.
"Este razonamiento es la fruta envenenada que puede habilitar argumentos para dictar nuevas absoluciones o disminuir las penas", advirtió APEL.
La fiscalía y la querella del CELS -el organismo que representa a la familia de Ferreyra- pidieron prisión perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez.
Sin embargo, la fiscalía había solicitado la absolución de dos patoteros -desestimando un testimonio que para la querella es clave- y la condena de los policías por abandono de persona, no por su participación necesaria en el crimen.
Desde APEL apuntan contra Aníbal Fernández por su responsabilidad política en la actuación policial. Cuando ocurrió el crimen, Fernández era jefe de Gabinete y tenía a su cargo la gestión política de la policía. El funcionario calificó de "impecable" la actuación de los jefes policiales que liberaron la zona y apoyaron a la patota que mató a Mariano.
"La sala III de la Cámara de Casación la integran actualmente los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa. Esta última fue electa presidente de la Cámara Federal de Casación en diciembre de 2014 con el apoyo de sectores anti K. Sin embargo, recientemente intentó sin éxito desplazar al juez federal Claudio Bonadío de la causa Hotesur SA, que investiga al entorno cercano a Cristina Kirchner. En el frenético acomodamiento de los jueces federales, ¿el caso de Mariano Ferreyra puede ser una pieza más?", alertó APEL en un comunicado.
El Partido Obrero y el organismo de profesionales se movilizarán a los tribunales de Comodoro Py el día 25 a las 9.30 de la mañana, para exigir perpetua a Pedraza y a todos los responsables.
SentenciaAquel veredicto impuso 15 años de prisión a Pedraza, secretario general de la UF, y su número dos Juan Carlos "Gallego" Fernández como instigadores del asesinato.
En tanto, el ex barrabrava de Defensa y Justicia y allegado a la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE) Cristian "Harry" Favale y el empleado ferroviario Gabriel Sánchez recibieron 18 años de cárcel como autores materiales del homicidio, al igual que Pablo Marcelo Díaz.
La sentencia incluyó condenas de 11 años para los ferroviarios Jorge Daniel González y Salvador Pipitó, ocho años para Claudio Alcorcel y 10 años para los comisarios de la Policía Federal Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, por liberar la zona para facilitar el ataque y no detener a los implicados ni recolectar prueba para la investigación judicial.
El 10 de octubre de 2010 un grupo de trabajadores tercerizados de la línea Roca protestaba por 117 despidos y reclamaba pasar a planta permanente y planeaba cortar las vías del tren a la altura de la estación Avellaneda, como ya habían hecho en otras oportunidades.
Algunos militantes del Partido Obrero como Ferreyra participaban de una movilización en apoyo a los tercerizados, pero la protesta fue abortada por un centenar de ferroviarios de los talleres de la estación de Remedios de Escalada ligadas a la UGOFE.
Favale y Sánchez, según la sentencia, la emprendieron a tiros contra los manifestantes, hiriendo de muerte a Ferreyra y causando heridas a otras tres personas, según informó DyN.