El fin del juicio por la tragedia de Once reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos
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Tras casi cuatro años del accidente ferroviario en la estación de Once, que causó la muerte a 51 personas y heridas a casi 800, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad condenó a funcionarios públicos, empresarios y al conductor de la formación.
Los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012.
Además, Schiavi fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Fue el único funcionario que habló tras el choque del tren 3772 contra el paragolpe de contención de la plataforma 2 de esa estación del ferrocarril Sarmiento. Sus declaraciones generaron el rechazo de opositores y de ciudadanos, a través de las redes sociales.
En el caso de Jaime, el tribunal decidió darle una condena única, unificando las otras causas que tenía pendientes tras su paso por la función pública.
La pena más alta fue para el ex dueño de TBA Sergio Claudio Cirigliano, condenado a 9 años de prisión. En tanto, Marcos Antonio Córdoba, el motorman de la formación, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el delito de descarrilamiento culposo.
El veredicto fue leído a casi dos años del inicio del juicio oral que investigó la tragedia ferroviaria en la línea Sarmiento. El tribunal estuvo integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.
Todos los acusados, a excepción del motorman Marcos Córdoba, fueron acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública (previsto por el artículos 174 -inciso 5°- en función del 173 -inciso 7°- del Código Penal) y descarrilamiento culposo (196 -primer y segundo párrafos-). Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente.
Por qué se condena a un funcionario
Luego del accidente, cuando se puso la lupa sobre el mal estado de los ferrocarriles metropolitanos y las dudas sobre el destino de los millonarios subsidios nacionales a las empresas gerenciadoras, el Gobierno de Cristina Kirchner comenzó a implementar un cambio de rumbo respecto de las políticas de transporte ferroviario.
Primero se quitó de la órbita del Ministerio de Planificación a la Secretaría de Transporte, que pasó al ámbito del Ministerio del Interior, a cargo de Florencio Randazzo.
En octubre de 2013, luego de que en la línea Sarmiento, concesionada por la empresa TBA, de los hermanos Cirigliano, ocurrieran tres accidentes –dos de ellos con víctimas fatales- en menos de dos años. Tras estas medidas, quedaron en claro la omisión de control por parte de los funcionarios sobre estas actividades. En ello se hizo hincapié en el juicio que acaba de concluir.
De acuerdo al Código Penal, se define al "funcionario público" o "empleado público", como todo “el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente".
Los tipos penales aplicables a este concepto son: el abuso de autoridad por acción u omisión, denominado en este caso " incumplimiento de los deberes del funcionario público"; el cohecho (comúnmente denominado soborno), la malversación de caudales públicos y el enriquecimiento ilícito.
Para ser condenado, debe haber tenido el “dominio del hecho” (posibilidad de dejar transcurrir, detener o interrumpir el hecho dañoso, ya sea por dolo o culpa) y deberá probarse que lo realizó en las competencias que le han sido atribuidas. Caso contrario, se lo exime de responsabilidad.
En este caso, ninguno va preso hasta que las condenas queden firmes. El fiscal Fernando Arrigo no dio plazos para que se confirme la sentencia condenatoria, porque los abogados defensores hicieron reserva del caso federal. De esta manera, la Corte Suprema tendrá la última palabra.
Por otro lado, Arrigo lamentó que el Gobierno no haya escuchado las advertencias de la Auditoría General de la Nación, cuyos informes daban cuenta del deterioro del sistema ferroviario. "Si los hubiesen escuchado, esto no habría ocurrido", señaló.
Responsabilidad civil de los funcionarios
Hace un año y medio, el kirchnerismo logró aprobar la ley de responsabilidad del Estado, en el que se limitó también la posibilidad de reclamarle a los funcionarios en la Justicia civil. Solo podrá hacerlo en el fuero administrativo, que es más lento y cuyas condenas económicas suelen ser menores y varía en cada provincia.
De acuerdo a la normativa que rige para los funcionarios nacionales, su actividad o inactividad “en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen”.
Mientras que la responsabilidad del Estado es objetiva, la de los funcionarios y agentes públicos es subjetiva (por dolo o culpa), previéndose también en este caso un plazo de prescripción de 3 años para instarla. El texto no incorpora disposiciones relativas a la responsabilidad penal.
"De todas maneras, los afectados pueden reclamar de forma solidaria tanto a la empresa de trenes como a la aseguradora y al Estado, que fue el encargado de otorgar la concesión", indicó Jorge Rizzo a iProfesional.com.
