Polémica: proyecto busca que Vidal no tenga publicar contrataciones
Este martes comenzará a tratarse en la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley impulsado por María Eugenia Vidal que declara la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. Y todo indica que la iniciativa propiciará un nuevo choque entre el Frente para la Victoria y el oficialismo.
En concreto, el proyecto apunta a agilizar los plazos para la adjudicación de obras en la Provincia a partir de varias disposiciones que permiten al Ejecutivo eludir mecanismos de control.
El análisis opositor apunta de lleno contra el artículo 3 del proyecto, por el cual las autoridades del gobierno que encabeza Vidal quedarían "exceptuadas de publicar en el Boletín Oficial" las contrataciones realizadas.
Para el bloque de senadores del Frente para la Victoria en la Provincia, la propuesta de Cambiemos es "un cheque en blanco para evitar controles en la obra pública".
Al respecto, desde el kirchnerismo agregaron: "Llama la atención que la gobernadora, quien durante la campaña electoral les prometió a los bonaerenses una mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, envíe un proyecto de ley en sentido contrario, al liberar de todo proceso de fiscalización, control y seguimiento a las contrataciones que se realicen".
"Estamos seguros de que dicho objetivo no se cumplirá impidiendo el trabajo de los organismos de control previstos por la Constitución", remataron un comunicado en el que adelantaron su rechazo a la propuesta.
El proyecto original fue modificado en la Cámara baja: se creó una comisión bicameral de seguimiento que estará integrada por tres diputados y senadores, que serán nombrados por los titulares de Diputados y del Senado.
Ese ente podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, que deberá rendir cuentas cada dos meses sobre los procedimientos, contrataciones, obras y demás acciones que se encaren, para evitar una eventual "cartelización" empresarial en lo que tiene que ver con la obra pública.
Además se autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación.