La Corte ordenó otorgar publicidad oficial a la productora de Majul
La Corte Suprema de Justicia rechazó el martes un recurso que interpuso el Estado Nacional contra un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que lo había condenado a asignarle publicidad oficial a la productora de contenidos La Cornisa, del periodista Luis Majul.
Esta decisión "es importante en defensa de la libertad de expresión, para que ningún medio sea perseguido desde el Estado por su decisión de investigar y denunciar", dijo al respecto Majul.
La causa fue promovida en 2011 con el objeto de que el Estado Nacional le adjudicara nuevamente a La Cornisa publicidad oficial para los programas radiales, televisivos y de Internet que producía, que había sido interrumpida "en forma abrupta e injustificada".
Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ahora la Corte dejó firme la sentencia de Cámara que había condenado a las autoridades a formular un esquema de distribución de la publicidad oficial que la reestableciera "en medida razonable" a la productora.
Cuando revocó la sentencia de primera instancia, adversa a Majul, la Cámara había hecho lugar a la acción de amparo solicitada y condenado al Estado Nacional a generar -en el plazo de 30 días- un esquema de distribución de pauta oficial, "donde se contemple -en medida razonable- la asignación de publicidad a los productos de la actora".
Para decidir de ese modo, la Sala I consideró que el caso guardaba sustancial analogía con los precedentes de las editoriales Río Negro y Perfil, en los que se había reconocido la existencia de "un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos".
En la demanda, La Cornisa había alegado que esa conducta del Estado Nacional importaba "la utilización del poder y de los fondos públicos para castigar una línea editorial determinada, por lo que resultaba violatoria tanto del derecho constitucional a la libertad de expresión como de las normas y estándares internacionales que obligan a nuestro país en materia de distribución de publicidad oficial".
Al respecto, la Sala I tomó en cuenta que la "premisa decisiva" de esos fallos de la Corte "reposaba en la idea de condenar cualquier conducta discriminatoria por parte del Estado en el manejo de la publicidad oficial, que constituyera una forma de presión sobre la línea editorial del perjudicado y, por ende, una violación indirecta de la libertad de expresión".
Contra ese pronunciamiento, el gobierno anterior interpuso un recurso extraordinario federal y ahora la Corte terminó rechazando el recurso, dejando firme la sentencia que había condenado a "formular un esquema de distribución de la publicidad oficial que la reestableciera, en medida razonable, a la productora".
La productora La Cornisa recibió $1,24 millón en publicidad oficial en 2010, similar a la que tuvo en años anteriores. Pero en 2011 el Gobierno le giró sólo $8.797; y desde 2012 no pautó más allí, según relevó el diario Clarín.