Con la reactivación de las causas Hotesur y Los Sauces, la "agenda judicial" de CFK cobra intensidad

El motivo formal que lleva nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Py es la notificación de un embargo dispuesto por el juez Claudio Bonadio, quien investiga su rol y el de otros ex funcionarios nacionales en la venta de dólares a futuros por parte del Banco Central durante los últimos meses de su mandato.

Cristina ahora está imputada en esa causa, a diferencia de la situación de abril, cuando acompañada por miles de manifestantes y exfuncionarios y legisladores del Frente para la Victoria, concurrió a la citación del juez Bonadio. En aquella ocasión, su comparecencia era en calidad de testigo, y los imputados eran el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

De todos los problemas judiciales que enfrenta la ex presidenta, el del dólar futuro aparece como el de menos riesgo para ella. Son mayoría de los expertos que creen que no existe mérito para que sea incriminada porque, además de la dificultad de probar que hubo delito, se correría el riesgo de hacer de las decisiones de política económica una materia judicializable, algo que no le interesa a ningún gobierno.

Pero, más allá de este caso en particular, todo indica que las visitas de Cristina a Comodoro Py pueden empezar a volverse habituales. En apenas seis meses de 2016, avanzaron al menos tres causas judiciales trascendentes contra la ex presidenta en los tribunales federales de Comodoro Py: la mencionada por la venta de dólar futuro a un precio menor de mercado, las acusaciones de presunto lavado de dinero a través de sus empresas Los Sauces y Hotesur, con enriquecimiento ilícito incluido. Además, la Cámara Federal pidió investigar su rol en la llamada “ruta del dinero k”.

Un factor determinante para la aceleración de las causas fue la escandalosa detención de José López, el ex secretario de Obras Públicas sorprendido in fraganti cuando trataba de esconder bolsos con dólares en el ya célebre convento de General Rodríguez.Cristina sigue sosteniendo el argumento de que es víctima de persecución política. Por caso, la comparecencia de hoy -en la cual será notificada del embargo por $15 millones, acusada de administración infiel en perjuicio de la administración pública- podía, según la ex mandataria, haberse hecho en Santa Cruz, en un trámite sin el revuelo mediático que conlleva Comodoro Py.

“Bonadio me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial, esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes”, explicó la ex mandataria en una carta publicada en las redes sociales.

Las causas contra Cristina

Los Sauces S.A.La semana pasada, Bonadio ordenó una docena de allanamientos en Santa Cruz en la causa que investiga a la ex presidenta por presunto delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos en la firma Los Sauces SA.

A través de esta sociedad anónima se renta propiedades inmuebles cuyos principales inquilinos han sido los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Las investigaciones comenzaron luego de una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, que remarca las irregularidades e inconsistencia en la empresa creada en el año 2006 y presidida por Máximo Kirchner, por lo menos hasta el 2015.

"¿Cuál es la sospecha? Que los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos doce años", afirma la legisladora denunciante.

Además, la Cámara Federal deberá definir si aparta a Bonadío de esta causa para reunificarla con Hotesur, a cargo de Julián Ercolini.

El nexo de esos casos es el mencionado Báez, detenido por orden del juez Sebastián Casanello. En ese caso, Cristina fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan.

Dólar futuroBonadio dictó el primer procesamiento contra Cristina Kirchner porque cree que cometió el delito de fraude, al ordenar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio muy por debajo del mercado, una situación que -tras la devaluación- obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato, lo que provocó una millonaria pérdida para el fisco.

Para el magistrado, esa maniobra por parte del BCRA "excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional".

La ex presidenta –junto con otras 11 personas entre los que se destacan el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el anterior titular del Banco Central, Alejandro Vanoli–, fueron acusadas por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública", prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas. También cree que la ex presidente encabeza una "asociación ilícita".

Para el juez, la ex mandataria "formar parte de un grupo de funcionarios... que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico-administrativas y cuyas características se describirán más adelante, en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".

HotesurEn esta causa se investigan maniobras de lavado de dinero ya que la firma Valle Mitre, del empresario Lázaro Báez, alquilaba habitaciones al Alto Calafate, administrada por la firma Hotesur de Cristina Kirchner, pero las mismas nunca se ocupaban realmente.

Este caso es uno de las que más compromete a la familia Kirchner y cuenta con una gran cantidad de prueba colectada. Estuvo prácticamente paralizada por más de medio año. Ahora, el juez Julián Ercolini hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita para habilitar el levantamiento del secreto fiscal y así acceder a toda la información impositiva reservada de la expresidenta y de sus hijos.

La intención del fiscal es saber el estado patrimonial y la evolución económica de los investigados y determinar las relaciones entre las sociedades y personas investigadas en la causa.

Esta investigación también se inició con una denuncia de Stolbizer. En el escrito, la legisladora también pide que se investiguen las irregularidades relacionadas con la declaración jurada de la ex presidente Cristina Kirchner y el incumplimiento por parte de Hotesur de normas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia (IGJ). 

La causa comenzó siendo investigada por Bonadio, pero luego de un pedido de la familia Kirchner, fue desplazado y comenzó a analizarla el juez Daniel Rafecas, pero este se declaró incompetente en lo concerniente al lavado de dinero –que quedó a cargo de Ercolini- e investiga tres cuestiones:

1- El alquiler de habitaciones de Alto Calafate por parte de Aerolíneas Argentinas.

2- Las irregularidades en el expediente de Hotesur en la IGJ.

3- Las declaraciones juradas de la ex presidente entre 2010 y 2013.

La ruta del dinero KLa semana pasada, la Cámara Federal confirmó el procesamiento por lavado de dinero contra Lázaro Báez y ordenó que la investigación alcance también a la ex presidenta.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que Báez hizo una fortuna "colosal" gracias a "la larga lista de adjudicaciones de obras públicas" que recibió durante el kirchnerismo y que "es de la lógica más elemental" sospechar que hay una "íntima relación" entre esa cuantiosa adjudicación de obras y sus relaciones "cuando menos comerciales y personales" con Néstor y Cristina Kirchner.

Según ellos, pudo existir un "acuerdo" con "división de roles" y esa hipótesis nunca se profundizó.

Dijeron que "no puede ignorarse" que en un dictamen reciente, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, incorporó una nueva hipótesis y dijo que el delito precedente "puede encontrarse en los sobreprecios de la obra pública denunciados por Carrió".