La Justicia investiga maniobras de lavado en las campañas de Macri, Scioli y Rodríguez Saá
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/6a9ac4e7d5d5c.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2016/08/433709.jpg)
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas presidenciales de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saá.
La investigación realizada por los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta será entregada este jueves ante su par con competencia electoral, Jorge Di Lello.
La utilización de empleados públicos como pantallas para blanquear aportes ficticios y donaciones indirectas de empresas a través de sus ejecutivos -muchas proveedoras del Estado- son las dos principales irregularidades que detectaron sobre las rendiciones de cuentas de Cambiemos, el Frente para la Victoria (FpV) y Compromiso Federal (San Luis).
Según se indicó, una tendencia detectada, que se percibe especialmente en el informe de Cambiemos, es la utilización de jóvenes de 20 a 32 años como aportantes de campaña.
La edad despierta desconfianza de la Justicia por la supuesta falta de capacidad económica generalizada para realizar esas donaciones electorales, que en algunos casos superan los 50.000 pesos.
El informe de la Procelac incluye a tres empresarios cercanos al empresario Cristóbal López, que donaron $340.000 -en total- a la campaña del Frente para la Victoria.
El organismo detectó también que Compromiso Federal, cuyo candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, reunió a 12 de los 15 donantes privados más generosos de toda la elección.
La suma de sus 12 aportantes -que quedaron bajo la lupa- supera los $4,3 millones.
La investigación de los fiscales se realizó sobre la base del convenio firmado con la Cámara Nacional Electoral en marzo de 2015, que permite el intercambio de información.
La auditoría del tribunal había detectado serias inconsistencias en los informes que presentaron las alianzas electorales, lo que fue tomado como base por la Procelac para avanzar sobre casos sospechosos de lavado de activos.
La Cámara Electoral detectó a principios de este año que Cambiemos, el FPV y el Frente Renovador tampoco declararon entre sus gastos de campaña a reconocidos asesores, como Jaime Durán Barba, que omitieron buena parte de sus viajes en aviones privados y que no incluyeron información sobre los ingresos de las cenas de recaudación de fondos.
El informe de la Procelac contó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los partidos políticos no enviaron ningún reporte de operación sospechosa (ROS), a pesar de que buena parte de las donaciones eran superiores a $50.000, tal como lo indica la resolución 30/2011 de la UIF.
Las autoridades partidarias y los responsables políticos y económicos de las fuerzas pueden ser sancionados -según la ley de financiamiento de las campañas- con la pena de inhabilitación de entre seis meses y diez años para ejercer cargos públicos.
La causa estará a cargo de la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.
