Emergencia Social llegó a Diputados y la oposición negocia votos para darle un "golpe" al macrismo
Tras varios días de demora, la cámara de Diputados recibió el proyecto sobre emergencia social que fue aprobado por el Senado. La oposición cuenta con pocas cartas para lograr su aprobación antes de fin de año.
El peronismo acusó al macrismo de realizar maniobras dilatorias con el objetivo de que la iniciativa no se trate este año. Es que reglamentariamente ya no hay tiempo para emitir dictamen y las sesiones ordinarias finalizan el próximo 30 de noviembre.
De esta manera, el "antimacrismo" pretende que la propuesta pueda ser aprobada este miércoles (cuando se analice el proyecto del oficialismo sobre tarjetas de crédito) o jueves, a través de una sesión especial que sea convocada para tratar la emergencia social.
Pero no será sencillo ya que debe reunir los dos tercios de la totalidad de los miembros para habilitar el tratamiento.
Usualmente, para una sesión ordinaria se necesitan 129 diputados para comenzar el debate. En ese escenario, el macrimo estaría en problemas. Pero, al no haber sido debatida en comisión y por lo tanto, no contar con un dictamen, se necesitan 172 integrantes sobre 257-.
El massismo, el kirchnerismo, y el Bloque Justicialista buscan alcanzar un acuerdo para pedirla y sumar a la discusión la reforma del impuesto a las ganancias.
La medida aprobada por el Senado estipula la creación de un millón de puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, estableciendo la conformación del Consejo de la Economía Popular y el incremento del 15% mensual los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social, entre otros puntos.
Para pagar los costos que traería la aprobación de la ley -calculado en $100.000 millones-, el peronismo en su conjunto avanza en un proyecto para “gravar con el 1% los intereses de los plazos fijos para personas físicas, restituir la gravabilidad de dividendos para personas físicas del impuesto a las ganancias, y crear un impuesto que recaiga sobre la explotación de tragamonedas y juegos de paño equivalente a un 20% de la rentabilidad bruta".
Además del gravamen de los plazos fijos, se plantea gravar los intereses de la tarjeta de crédito, al juego, a las ganancias especulativas en moneda extranjera -venta de dólar futuro-, y la venta de títulos públicos.
La iniciativa también tiene el apoyo de los representantes de Compromiso Federal, Libres del Sur, Partido Socialista, del Peronismo para la Victoria y Proyecto Sur.
El bloque Justicialista -que suele acompañar a Cambiemos en las votaciones- ya garantizó su apoyo a la declaración de la Emergencia Social, en palabras de su referente, el exdirector ejecutivo de la ANSES Diego Bossio.
Agregó que esta ley “es viable” y requiere que el Estado “escuche”, porque se trata de una necesidad de los “sectores más empobrecidos”, que requieren “soluciones”.
De todas maneras, dependerán de que no falte ningún legislador de la oposición y que algunos de los representantes de Cambiemos se “rebelen”.
Es que el oficialismo y sus aliados cuenta con poco más de 90 diputados, por lo que si ninguno de ellos baja al recinto sería imposible lograr forzar su tratamiento.
El ida y vuelta del massismo
De cara al debate, el bloque del espacio liderado por Sergio Massa fijará su posición en el marco de un encuentro a realizarse este martes por la noche.
La bancada que preside Graciela Camaño dijo que tienen la premisa de no prestarse a “ningún juego de especulación”, y que en ese marco fijarán su posición en base a “los estudios económicos pertinentes realizados”.
Cabe recordar que en su momento el bloque massista había expresado su respaldo a la propuesta, en un acto donde los referentes de cada uno de los sectores opositores brindaron su apoyo a los representantes de los movimientos sociales para la aprobación de la ley.
Pero el diputado, y también empresario, José Ignacio De Mendiguren expresó sus dudas al señalar que no todo el Frente Renovador está “convencido de ese proyecto”.
Sin embargo, el lunes, Massa evitó dejar claro cuál será su voto y se comprometió a debatir "con seriedad" el proyecto, que el Gobierno busca frenar. "Con esta ley pretendemos trabajar con la misma seriedad con la que trabajamos la ley de Ganancias", explicó, y remarcó la importancia de generarle al Gobierno "los recursos e instrumentos para que esta ley sea viable".
El Gobierno resiste
El presidente Mauricio Macri ya mostró su rechazo al proyecto al asegurar que de la pobreza "se sale trabajando, no por una ley".
En ese sentido, el diputado Pablo Tonelli sostuvo que “la viabilidad del proyecto es cero, es un catálogo de ilusiones. No dice cuál es el financiamiento para eso”.
En tanto, el senador Luis Naidenoff sugirió que sea vetado en caso de ser aprobado y señaló que el proyecto agrega “un salario social complementario que no se sabe cuál es el destino, ni el número”, y advirtió que al cierre del debate en el Senado desde la oposición se expresó “un mensaje muy claro de que ‘nosotros somos conscientes de que no podemos discutir la financiación’, así lo decían los hombres del Frente para la Victoria, ‘porque eso corresponde a Diputados’.
Ante la posibilidad de que no sea aprobado este año, sino recién en 2017, con el riesgo de que termine siendo sancionada y vetada en un año electoral, Naidenoff señaló que “si discutimos caminos alternativos para financiar este programa solidario con otro tipo de recursos, y existe acompañamiento en la Cámara, tranquilamente se podría avanzar”.
“Si únicamente es emergencia por la emergencia en sí misma, que no contempla lo central, cómo financiamos, lógicamente que es una ley que hay que vetarla”, remarcó.