Cuestionan a candidatos al Enargas por su pasado en empresas que deben controlar
La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) realizó un pedido de informes al Gobierno tras detectar supuestas incompatibilidades con los candidatos propuestos para el directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el organismo de control que permaneció intervenido durante el kirchnerismo. El cuestionamiento de la legisladora también llegó a uno de los directores nombrados en YPF.
El Ministerio de Energía, encabezado por Juan José Aranguren, lanzó a mediados de 2016 un concurso público para completar el directorio del Enargas.
Se presentaron 43 postulantes que fueron analizados por un comité de selección y se elevó la propuesta al Congreso. Se esperaban los nombramientos oficiales para los primeros días del año.
Stolbizer cuestionó a los candidatos seleccionados, dado que presentan antecedentes en empresas con las que -consideró- se podría incurrir en conflicto de intereses.
Resaltó que Marcelo Figueroa, postulado para presidir el Enargas, fue director de operaciones de Metrogas aunque en el último tiempo se desempeñaba en una petrolera de Abu Dhabi.
El candidato a vicepresidente, Daniel Perrone, fue director de Transportadora Gas del Sur y el primer vocal propuesto, Carlos Casares, trabajó en Tecpetrol.
Pero Figueroa se bajó en los últimos días de diciembre, cuando el pliego había sido elevado al Senado. Según confirmaron desde el ministerio, adujo "motivos personales". Ahora se evalúa postular al segundo o considerar a otros candidatos.
La ley que creó el Enargas estipuló que "los miembros del directorio no podrán tener interés alguno, directo o indirecto, en empresas de consumidores que contraten directamente con el productor, de productores, de acondicionamiento, de transporte, de comercialización, de distribución de gas y de almacenamiento".
La ley de ética pública, en tanto, marca que los funcionarios deben "abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los que estuvo vinculado en los últimos tres años".
"Pedimos que nos expliquen si se atendió a los posibles conflictos de intereses a la hora de elegir los candidatos, dado que todos tuvieron un paso por empresas a las que ahora deberán controlar", manifestó Stolbizer al diario La Nación y que consideró que las incompatibilidades por la relación con el mundo empresarial son "el tema más complicado de Cambiemos".
Desde Energía negaron incompatibilidades y adujeron que se busca darle profesionalismo al área. "La experiencia está ahí", dijeron. El Enargas pasó por distintos interventores nombrados a dedo durante el kirchnerismo. Primero fue Fulvio Madaro, quien debió dejar su cargo tras el escándalo de Skanska. Lo sucedieron Juan Carlos Pezoa y Antonio Pronsato.
Stolbizer también denunció una situación peculiar. Aseguró que una de las candidatas propuestas para vocal del Enargas es la pareja de uno de los miembros del comité evaluador y que ambos son socios en una consultora que tiene contratos con el Estado.
Director en YPFEn un segundo escrito, la diputada pidió explicaciones por la designación de Néstor Di Pierro como director clase D de YPF.
Se trata del ex intendente de Comodoro Rivadavia. El cuestionamiento llegó por una sospecha de corrupción, vinculada a una causa por coimas.
Di Pierro está imputado en la causa que investiga presuntos sobornos en la prórroga de la concesión de Cerro Dragón y fue señalado por un testigo como quien recibió la coima. Para Stolbizer, su actual nombramiento en YPF viola el código de ética pública.
Desde YPF respondieron que "el nombramiento de los directores es potestad de los accionistas" y que "Di Pierro fue designado por Chubut", indicó el citado matutino.
Varias designaciones de funcionarios con antecedentes en el sector privado ya trajeron dolores de cabeza al Ministerio de Energía.
El propio Aranguren recibió una recomendación de la Oficina Anticorrupción para que se abstenga de tomar medidas sobre Shell, donde se había desempeñado como presidente.
Más tarde, Elisa Carrió, socia de Cambiemos, denunció a tres altos funcionarios por presuntas "negociaciones incompatibles" por firmar resoluciones que, presuntamente, beneficiaban a sus antiguas empresas.