La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto un millonario embargo a Jorge Macri
Lo había solicitado la jueza Arroyo Salgado, por presunto lavado de dinero vinculadas en la compra de un departamento en Miami que no fue declarado
La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto un embargo preventivo de ocho millones de pesos sobre el intendente de Vicente López, Jorge Macri, por presunto lavado de dinero vinculadas a la compra de un departamento en Miami.
La medida cautelar había sido ordenada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El tribunal consignó que el embargo preventivo, que también abarcaba a la ex esposa del jefe comunal, Florencia de Nardi, no estaba justificado, y agregó que no tenía sustento en las constancias existentes en la investigación en trámite.
En ese sentido, el órgano superior detalló que la resolución de Arroyo Salgado "no desarrolló ni argumentó respecto de los requisitos legales exigidos para disponer, en el estado embrionario de la pesquisa, la cuestionada medida cautelar".
De este modo, la medida quedó sin efecto, y las actuaciones fueron remitidas al juzgado de primera instancia.
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La resolución de Arroyo Salgado databa del 14 de septiembre último, pero recién se había conocido en los últimos días, tras el triunfo electoral de Cambiemos, que en Vicente López obtuvo más del 60% de los votos.
Respecto al embargo que pesaba tanto sobre él como sobre su exesposa, Jorge Macri había presentado un seguro de caución y la justicia de Estados Unidos había respondido al exhorto de manera favorable.
La denuncia la había realizado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y derivó en la medida firmada por la jueza Arroyo Salgado, previamente solicitada por el fiscal federal Matias Di Lello.
Además, por otra denuncia que había tramitado también en el juzgado a cargo de Arroyo Salgado, la Corte Suprema de la Nación confirmó días pasados el cierre de la misma y el sobreseimiento del primo del Presidente.
La denuncia desestimada por el máximo tribunal nacional era por supuestas anomalías en la aprobación, por parte del Concejo Deliberante de la comuna de la zona norte del conurbano, en 2012, de la construcción de un helipuerto en un emprendimiento del empresario Carlos De Narváez.