Custodia y control: así­ funciona el régimen de protección al que accedió Vandenbroele

El programa de protección a testigos al que accedió el supuesto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, fue creado por ley en 2003, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la actualidad tiene a su cargo más de 200 casos.

Dicho programa tiene como objetivo "preservar" la seguridad de los imputados y testigos cuyas vidas puedan estar en peligro, y que hubieran colaborado "de modo trascendente y eficiente" en investigaciones de la Justicia federal.  

Por acogerse a la figura del arrepentido, podrí­a pedir la reducción de la pena en caso de ser condenados -se negocia con el fiscal-, pero sólo cuando aporte información relevante, que apunte hacia personas de mayor rango en la investigación que se lleva a cabo.

Custodia permanente, actividades limitadas y hasta el cambio de identidad o la radicación en otro paí­s son algunas de las medidas a las que puede someterse.

Un año y medio atrás fue el exvalijero Leonardo Fariña el que se acogió a esta figura para obtener dos beneficios fundamentales: la libertad, tras dos años en prisión; y la reducción de la pena en caso de ser hallado culpable, y siempre y cuando la información que aporte sea de relevancia.

El arrepentimiento no se puede solicitar después de que la causa fuera elevada a juicio oral. En caso de que el delito prevea la pena de prisión perpetua, el lí­mite para la reducción del castigo serán los 15 años. Y si la información que aporta es falsa o inexacta, puede ser condenado a entre cuatro y diez años de cárcel.

El sistema de Protección a Testigos tiene como objetivo que el imputado o testigo colabore con la Justicia. Según explicaron desde el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano se protege al testigo y a su familia. "La custodia se hace en base a una evaluación de riesgos. Se analiza si es necesario ampliar a otros familiares", señalaron al sitio BigBang.

El sistema está a cargo de Francisco Lagos y depende de la Subsecretarí­a de Polí­tica Criminal de la cartera de Justicia. En todo el paí­s hay poco más de 200 casos de testigos bajo este régimen.

El programa lleva a cabo varios análisis para determinar cuál es la mejor protección que se le puede brindar a un testigo o imputado que es incorporado. La ley 25.764 establece que se pueden determinar custodias personales y domiciliarias, alojamiento temporario en lugares reservados y cambios de domicilio.

Pero además, establece que se otorgarán los "medios económicos" para alojamiento, alimentos, traslados, comunicación, atención médica y reinserción laboral. Sin embargo, de acuerdo a la ley aprobada en 2003, la asistencia económica "en ningún caso" se podrá otorgar por más de seis meses.

Las autoridades pueden definir el cambio de identidad y dependiendo la peligrosidad de cada caso el traslado a otros paí­ses. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia aseguraron que ahora no existe ningún testigo que hubiera sido reubicado fuera de la Argentina.

Para ingresar al programa, los testigos e imputados deben acceder a modificar su rutina cotidiana para facilitar la custodia y evitar cualquier tipo de conflicto. "Tienen que rendir cuentas y estar de acuerdo con las exigencias, y llevar una vida de acuerdo a lo que exige el programa", aseguraron al mencionado portal.

Así­ como tienen beneficios, los imputados que ingresan al programa de protección a testigos tienen la responsabilidad de "mantener absoluta reserva y confidencialidad" sobre la protección que reciben.

También deben someterse a estudios médicos, psicológicos, fí­sicos y socioambientales, presentar declaraciones juradas patrimoniales y detallar si tienen juicios pendientes u otras obligaciones legales. Inclusive, pueden ser expulsados del programa si cometen delitos o contravenciones.