Investigan el nexo entre Cristóbal López y jueces que lo liberaron
El Consejo de la Magistratura puso en marcha este martes la investigación solicitada por la Corte Suprema de Justicia entorno a la integración del tribunal que liberó a Cristóbal López, mientras que la diputada Elisa Carrió amplió su denuncia por supuestas coimas detrás de ese fallo y advirtió sobre un presunto nexo entre el empresario y uno de los camaristas acusados.
De esta manera, tomaron forma las presentaciones que se hicieron ante el organismo de control contra los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes ordenaron la excarcelación del dueño del Grupo Indalo y de su socio, Fabián de Sousa, y los beneficiaron con un cambio de caratula en la causa en su contra.
El primero integraba originalmente la Sala II de la Cámara Federal pero fue convocado por el segundo para participar de la decisión de la Sala I sobre la situación de los empresarios, que finalmente fueron liberados el pasado 16 de marzo.
Durante una reunión del plenario, los miembros del Consejo votaron por sortear al instructor de la causa iniciada por la Corte Suprema, que finalmente recayó en Leónidas Moldes (representante del Poder Judicial).
Pese a las quejas por parte de los consejeros Rodolfo Tailhade (diputado FpV) y Mario Pais (senador PJ), la solicitud del máximo tribunal argentino fue tratada como una "denuncia".
Durante la reunión, los legisladores kirchneristas cuestionaron duramente al presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, por haber introducido el caso bajo esa figura y haber requerido informes al respecto.
"En mi facultad para asignar las causas, surgía en claro que correspondía que este tema tomara carácter de denuncia, lo cual fue respaldado por la mayoría de los consejeros", explicó Piedecasas.
Al designar a Moldes como instructor, los integrantes del organismo descartaron la posibilidad de que el asunto siguiera en manos del plenario y, en cambio, pasó a formar parte de la comisión de Disciplina y Acusación, que ya tiene a su cargo el pedido de Carrió para que se investigue el patrimonio de los mismos magistrados.
La diputada y líder de la Coalición Cívica-ARI sospecha que pudo haber coimas detrás del fallo que ordenó la liberación de López y De Sousa: de hecho, en una ampliación de su presentación realizada este martes, Carrió acusó a Ballestero de enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de varios inmuebles, al menos dos en la Capital Federal.
"Lo que sumado a la llamativa declaración de bienes realizada por el magistrado el año pasado y las cuestionadas circunstancias mediante las cuales habría convocado personalmente a Farah para que suscribiera la resolución favorable al empresario Cristóbal López, me llevan a sospechar respecto de las verdaderas motivaciones de su decisorio", disparó la diputada oficialista en su presentación.
Por otra parte, también sembró dudas sobre el camarista Farah, pues pidió determinar –tal cual aseguran rumores periodísticos- si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero cumplen funciones para el juez.
En ese sentido, se refirió a un artículo de un matutino porteño que da cuenta que el abogado Jorge Mazzaglia, quien tendría "llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py", había sido tiempo atrás presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López.
"Por lo que debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados", sostuvo la diputada.
En ese sentido, advirtió que "debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de Secretario de Juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional".
Esta ampliación había sido solicitada justamente por el presidente de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, quien recibió la denuncia de Carrió una semana atrás aunque sin mayores pruebas.
La presentación de la diputada llegó al organismo "aproximadamente a las 12:00" de este martes, cuando estaba finalizando la reunión del plenario: según indicaron fuentes de la entidad, la comisión deberá ahora sortear a un instructor que se haga cargo de la causa, lo cual se realizaría la semana que viene.
Luego de que la Corte Suprema pidiera al organismo que investigara la conformación del Tribunal, Ballestero defendió el mecanismo utilizado para integrar la sala que resolvió la excarcelación y el cambio de caratula de la causa por la cual el líder del Grupo Indalo está acusado de no haber tributado $8.000 millones en impuestos de la empresa Oil Combustibles.
La lupa está puesta en la designación de Farah como tercer integrante: el fallo de la Sala I había sido dividido, ya que Leopoldo Bruglia se opuso, mientras que Ballestero se pronunció a favor de la liberación, lo que obligó a recurrir a un tercer magistrado para desempatar, Farah, integrante de la Sala II, quien resolvió en favor de la libertad de los empresarios.
La sala tiene sólo dos miembros estables desde la destitución de Eduardo Freiler y Ballestero aseguró que no fue necesario realizar un nuevo sorteo para designar al tercer juez para desempatar, ya que Farah había sido designado desde el 15 de diciembre en una causa conexa.
Puntualmente, explicó que el tercer juez debía ser Farah o Martín Irurzun y que para la elección del primero se tuvo en cuenta que "había sido designado por sorteo para integrar la sala en una anterior ocasión, en el marco de una causa conexa a la que debe resolverse".
Esa causa es en la que se investigaba inicialmente a Néstor Kirchner como jefe de una "asociación ilícita", pero que "ha resultado el expediente de atracción de varios legajos que fueron declarados expresamente conexos a aquella", indicó.