¿Cómo se perfila la votación por el aborto legal en el Senado?
El senador oficialista Juan Carlos Marino anunció que votará en contra del proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), mientras que el neuquino Guillermo Pereyra anunció que lo hará a favor, si se incluyen cambios en el texto. La clave, al igual que en Diputados, estará en la postura que tomen los indecisos.
Por lo pronto, el miércoles culminarán las exposiciones de los especialistas y se emitirá dictamen. La votación será el próximo miércoles 8 de agosto.
De los 72 senadores, los antiabortistas contabilizan 30 votos en contra y afirman que estarían cerca de que no se apruebe la ley. Sin embargo, en ambos lados predomina la incertidumbre. La mirada está puesta ahora en los indecisos, que serían 12 hasta el momento, y aquellos senadores que podrían ausentarse de la sesión, sólo una confirmada.
Enntre quienes no confirmaron aún su voto están: José Alperovich, de PJ Tucumán, Ángel Rozas, de UCR Chaco, Omar Perotti, PJ Santa Fe, Juan Carlos Romero, del Frente Popular de Salta, e Inés Blas, PJ Catamarca.
De la sesión se ausentaría al menos la puntana María Eugenia Catalfamo, quien cursa su octavo mes de embarazo. También hay versiones sobre que no se presentará el senador riojano Carlos Menem.
En caso de que haya una ausencia y una abstención, el sector a favor del aborto legal necesitará sumar 36 votos. En caso de igualdad, desempata la titular de la Cámara, Gabriela Michetti, quien anticipó su voto en contra.
Hay una tercera postura dando vuelta en el Senado: la de aquellos que están a favor de la legalización pero que quieren hacer algunos cambios al proyecto aprobado en diputados. Las modificaciones fueron propuestas por los cordobeses Carlos Caserio, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado.
Proponen acortar el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo de la semana 14 a la 12, incorporar la objeción de conciencia institucional para los centros de salud privados y destinar una partida presupuestaria específica para las provincias.
También piden que se eliminen las sanciones penales para los médicos o autoridades institucionales que se nieguen a practicar abortos e incorporar la producción pública de medicamentos como el misoprostol, que la Nación deberá proveer a las provincias. Los cambios ya fueron rechazados por la Campaña del Aborto Legal, Seguro y Gratuito.