Mientras corren rumores de compañías argentinas que dejarían los PPP por la incapacidad de obtener financiamiento como consecuencia de las causas penales, la Casa Rosada acelera los procesos para encontrar una fórmula que sancione a las compañías pero que puedan seguir operando.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, le presentó al presidente Mauricio Macri un paquete de medidas vinculadas a la reglamentación de las políticas de integridad de las empresas. Garavano está trabajando -junto al ministro Guillermo Dietrich, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías- en generar un marco jurídico para poder avanzar en la generación de "remedios en relación a aquellas empresas que hoy están siendo investigadas" en la causa de los cuadernos.

Saravia Frías participó del ciclo de Conferencias "Cómo pienso a la Argentina" organizado por el Rotary Club de Buenos Aires y dijo que "el Presidente ha pedido que todo aquel que sea penalmente responsable en alguna de las empresas que esté mencionada en los cuadernos de un paso al costado".

Respecto a la continuidad de las compañías como contratistas estatales dijo que "hay que tener en cuenta que las sociedades anónimas que hacen obras públicas en la Argentina representan miles de puestos de trabajo, son las que tienen el know how para hacer las cosas. Uno no puede interrumpir irresponsablemente, la obra pública tiene que continuar en el país y para eso hay que crear un marco estableciendo responsabilidad, resarcimiento para el Estado por el daño provocado, la obligación de cumplir un código de conducta que garantice el comportamiento leal y adecuado de las empresas y un monitoreo por parte del Estado para que verifique que todo esto".

Además, el procurador señaló que la "urgencia" fueron los contratos de Participación Público Privada", indicó El Cronista Comercial.

Los "Cuadernos" se convirtieron en la "mancha venenosa" para la obra pública y los PPP son la salvación a la que apuesta el Gobierno para poder mantener cierto ritmo para el sector en medio del ajuste. Frente a eso, el funcionario señaló que "trabajamos en una reforma contractual donde el Estado se va a hacer cargo del riesgo reputacional poniendo exigencias: resarcimiento de los daños, establecimiento de un plan de integridad y la capacidad del estado de monitorear que esto se cumpla".

En medio de esto, el Ejecutivo le pidió a las empresas que están en los PPP viales que entreguen un "cash flow con necesidades" para acelerar el proceso del fideicomiso que, hasta ahora, sólo financia el Banco Nación.