Luego del fuerte cruce entre el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y su antecesor en el cargo, Ricardo Lorenzetti, por el control del Centro de Información Judicial (CIJ), el Alto Tribunal definió reorganizar y relanzar el portal informativo, como forma de dar por saldada la primera crisis interna del organismo.

No obstante, asoma una nueva batalla entre los dos hombres fuertes de la máxima institución judicial del país. Se trata del futuro de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), de la que depende la oficina de escuchas.

Este viernes, un grupo de abogados le solicitó a Rosenkrantz que intervenga la oficina de escuchas judiciales y que realice una auditoría integral sobre el área que está bajo la tutela de la Corte desde 2016. 

Nueva secretaría

En pos de dar una vuelta de página, la Corte creó la Secretaría de Desarrollo Institucional cuyo “principal objetivo” es “prestar un servicio de justicia de modo más eficiente, eficaz y transparente”.

También, para “continuar con el proceso de modernización ya iniciado”, se acordó por unanimidad -lo que buscó reflejar una cicatrización de las heridas abiertas- sustituir a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto por una dirección con el mismo nombre.

La Acordada 38/18 fue firmada después de las diferencias públicas y elevadas de tono que expresaron Rosenkrantz y Lorenzetti, luego de que la página web estuviera casi paralizada por la transición.

El CIJ, que dependerá de la nueva Dirección, “procurará conservar los trascendentes logros realizados en la política comunicacional de la Corte y tendrá a su cargo tanto la relación con la prensa, como la comunicación con el propio poder judicial, así como también con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil”, consignó la acordada en la que se buscó zanjar las diferencias.

El documento destacó que las recientemente creadas secretaría y dirección estarán a cargo de Valentín Thury Cornejo y Ariel Alberto Neuman, respectivamente.

Días atrás, a una semana de iniciar su función como presidente del máximo tribunal de la Nación, Rosenkrantz advirtió que la entonces Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, que se ocupaba del servicio informativo de la Corte en una página web, había quedado “acéfala” por el traslado de personal a otras dependencias.

Entonces, a través de la resolución 3038/18, el presidente ordenó que, “de modo urgente” se asegurara la protección “informática” de la página de internet del servicio informativo que efectúa la Corte en el marco de su política de comunicación y gobierno abierto.

La difusión de esa resolución provocó un hecho inédito entre jueces de la Corte Suprema de la Nación: la inmediata reacción de Lorenzetti, expresada en una extensa carta vinculada con el control del CIJ.

La resolución también fue criticada por quien estaba a cargo de la ahora sustituida secretaria, María Bourdin, quien en declaraciones al periodismo expresó sus quejas relacionadas con alguna iniciativa de Rosenkrantz previas a su asunción como presidente de la Corte.

“Lamento muchísimo semejante mediocridad, pero estando en juego el prestigio de la institución me veo obligado a contestar”, expuso Lorenzetti en su misiva.

“El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea" del CIJ, agregó en la carta Lorenzetti.

La oficina de escuchas, la nueva batalla

Un grupo de abogados que integran la organización "Iniciativa Justicia" le solicitaron al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que intervenga la oficina de escuchas judiciales y que realice una auditoría integral sobre el área.

Los letrados Carlos Beraldi, Maximiliano Rusconi, Graciana Peñafort, Daniel Llermanos, Martín Arias Duval, se expresaron de esa nota mediante una nota dirigida a Rosenkrantz que entregaron en Tribunales.

Puntualmente se refirieron a la situación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), de la que depende la oficina de escuchas.

Señalaron que por su funcionamiento surgieron "severos cuestionamientos que derivaron en denuncias en trámite ante la Justicia Federal y también planteos en la órbita del Congreso de la Nación".

Y solicitaron que a los efectos de "garantizar los estándares de imparcialidad y transparencia institucional", en particular con la idea de evitar episodios que puedan "enturbiar" las elecciones del año próximo pidieron que se disponga la "inmediata intervención" del organismo por parte de Rosenkrantz.

También, que se pida a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia "que proponga la designación de tres interventores con conocimientos técnicos y solvencia ética y profesionales en la materia".

Asimismo, pidieron que se dejen sin efecto convenios que la DAJuDeCO pudiera haber firmado con otros organismos del Estado.

Y que se disponga que los interventores designados realicen una "amplia auditoría" sobre el funcionamiento del organismo.

Los abogados que integran "Iniciativa Justicia" llevan en la actualidad la defensa de dirigentes políticos y gremiales vinculados al arco opositor.

Beraldi es abogado defensor de la expresienta Cristina Kirchner, en tanto que Peñafort hacía lo propio con el excanciller Héctor Timerman.

Llermanos, en tanto, se desempeña en distintas causas como defensor del jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, mientras que Rusconi asiste al exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Arias Duval, en tanto, integra el estudio Arlanian y Asociados.