El Gobierno teme que la Corte Suprema de Justicia avale la aplicación de un índice de actualización de las jubilaciones en litigio legal, más elevado que el que propone la ANSES, lo que le generaría graves problemas económicos.

El máximo tribunal se dispone a dictar sentencia antes de fin de año y hasta el momento es probable que tres de los cinco jueces apoyen el reclamo de los jubilados en contra de los deseos del Gobierno.

Lo que está en discusión es qué índice se debe aplicar en los casos de jubilados que hicieron juicio de actualización de haberes.

Hasta ahora se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), pero la ANSES desde hace un año le transfirió a la Corte el problema al solicitar que se aplique otro índice, el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En la inmensa mayoría de los casos en juicio, eso implicaría que los haberes se estimen a la baja.

En el caso del jubilado lUCIO Blanco, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social, Luis Herrero y Nora Dorado rechazaron la pretensión de la ANSES de cambiar el índice.

La ANSES presentó entonces un recurso extraordinario y llegó a la Corte. En el caso de Blanco la jubilación otorgada en su momento (en 2003) representaba el 42% del último salario cobrado en la actividad laboral, mientras que con el uso del Ripte esa relación llegaría al 53% y, con el Isbic, se elevaría al 56 por ciento.

La Corte sostuvo en otros casos que el objetivo de un índice de actualización es "mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos". Y dijo que "no parece justo ni equitativo" sustituir el índice dispuesto por la Justicia "por otro que representa una mera secuela de la renuncia de derechos litigiosos".

En la Corte hay posturas divergentes ante el caso Blanco y una queja unánime. El Gobierno les llevó el problema porque tenían la certeza de que la ANSES iba a triunfar holgadamente con su posición. Pero esto no fue así y hoy hay diversos puntos de vista sobre el asunto, según La Nación.

De todos modos, los jueces evalúan el efecto económico total de una decisión de estas características, pues si bien una sentencia se dicta en un caso particular y se aplica solo al jubilado Blanco, abre la puerta para que se dé una sucesión de reclamos similares con la consecuente demanda económica que representa para el Estado.