La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, en la que están involucrados intereses de su familia.

La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a instancias de una denuncia que presentaron diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia, señaló Infobae.

La titular de la OA sostuvo en su dictamen de junio pasado que ninguno de los tres cometió alguna falta ética en su intervención en el caso pero le indicó que debía abstener de intervenir en las causas del Correo en las que el estado nacional sea parte. Así lo hizo en otro expediente que fue cerrado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti.

La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.

Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino -una empresa de la familia Macri- tiene con el estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización. El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para pagar la deuda. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial" para el estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.

Finalmente, el gobierno retiró la propuesta tras las críticas que recibió, entre ellas del Frente Renovador.

Pero los diputados del Frente Renovador objetaron en tribunales el dictamen. Señalaron que Alonso "soslayó deliberadamente información que comprometía al Sr. Presidente de la Nación". Sobre el punto explicaron que en 2014 Macri sostuvo en su declaración jurada que tenía acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización de Socma en el país y que tenía desde 2001.

La Fiscalía pidió las primeras medidas de prueba que fuentes judiciales las mantuvieron en reserva para no frustrarlas. La encargada de ordenarlas ahora es la jueza Servini.