A pesar de que no se trató de un año electoral y que los números del Presupuesto 2019 nunca corrieron serio peligro de ser “bochados” por la oposición, el oficialismo cerrará un noviembre agitado a nivel legislativo.

Es que el acuerdo existente entre los miembros de Cambiemos para consensuar temas se complicó por el “pase de factura” interno originado en la pérdida de un integrante del Consejo de la Magistratura luego de una maniobra de la oposición.

En ese escenario, algunos miembros del oficialismo querían debatir un temario amplio, mientras que otros solo pretendían circunscribirlo a unos pocos proyectos y debatir solo los que llegaron del Senado tras la sesión del Presupuesto. Las negociaciones entre los interbloques oficialistas fracasaron y la sesión que estaba prevista para este miércoles 21 de noviembre se pospuso.

Una posibilidad es convocar a una reunión plenaria para el próximo martes 27, a horas de la reunión del G20. Para ello, el PRO y la UCR deberán terminar de pulir las diferencias que quedaron exteriorizadas luego de que el PJ se reagrupara para quedarse con una de las vocalías en el Consejo de la Magistratura correspondientes a la mayoría.

Los radicales vieron que su candidato (Mario Negri) se quedaba afuera del órgano que elige y sanciona a los jueces y no dudaron en mostrar su descontento. Las charlas para recomponer la relación ya comenzaron, pero por ahora, entre ambos sectores oficialistas, prima la desconfianza.

Por ese motivo, el Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias en diciembre con las leyes que más le interesen. Pero eso, todavía, está por verse. El temario que aún queda por debatir es amplio y algunos proyectos, como el que regula un nuevo marco normativo de alquileres de vivienda, pueden perder estado parlamentario. Ello podría causar una nueva implosión en el seno oficialista.

Proyectos que quieren tratar

Bienes personales: Cambiemos quiere aprobar la modificación en el impuesto a los Bienes Personales, en el que el Senado introdujo una corrección para exceptuar a las “casa-hogar” hasta 18 millones de pesos-, y la rebaja de la alícuota del impuesto a cooperativas y mutuales de seguros, del 6% al 3%.

El mínimo no imponible de este impuesto pasará de los $1.050.000 pesos actuales a $2.000.000 a partir de 2019. Aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.

Modificaciones en el Código Civil sobre alquileres. El proyecto tiene media sanción del Senado y si no se trata en esta sesión perderá estado parlamentario. Hace pocos meses, el presidente Mauricio Macri se comprometió a reimpulsarlo, pero generó resistencia en parte del sector inmobiliario. Si avanza, tendrá cambios con respecto a la redacción original.

De todas maneras, para que se convierta en ley es necesario que el mandatario convoque a sesiones extraordinarias, ya que el Senado no tendría tiempo de analizarla, emitir dictamen y debatirla en el plenario antes del 30 de noviembre. Para evitar esta situación, se analiza si es conveniente iniciar un tratamiento desde cero para que el año próximo la cámara alta solo tenga que ratificar el texto.

Las inmobiliarias lograron incorporar al texto con dictamen la posibilidad de que el propietario exija garantías reales al posible inquilino. Hasta ahora, el proyecto decía que con recibos de sueldo y algún seguro de caución alcanzaba.

Además, se les permitirá cobrar comisiones al inquilino si este requiere el servicio de búsqueda de un inmueble, tampoco se fijarían topes a los honorarios que se le cobren al propietario. De todos modos, lo más relevante para ellos es que no sea obligatorio registrar el contrato ante la AFIP.

Otro de los cambios es el que busca "corregir" el tope estipulado en el dictamen a partir del cual los alquileres quedan exentos de ajustarse a esta ley.

En el proyecto original ese valor mensual se estimó por encima de las 3.000 UVA (unos $8.000), la intención del oficialismo es bajar ese piso, y que los alquileres mensuales que queden por encima puedan pactarse por un plazo más corto que el de 3 años, establecido en el texto.

No obstante, se mantendrá el mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres con un valor que resultará de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), medidos por el Indec.

- Impuesto a las ganancias para los jueces: El proyecto es impulsado por el diputado radical Luis Borsani y tendría el apoyo del bloque Justicialista y el massismo.

El pago sería “gradual”, aplicándose sobre los incrementos que tengan los jueces e integrantes del Poder Judicial a partir de la sanción de la ley. Se negocia una fórmula de progresividad para que no impacte en sus salarios.

En las próximas paritarias al aumento de ingresos que se acuerde deberá calcular una deducción de Ganancias. Alcanzaría a magistrados, funcionarios y empleados judiciales que están eximidos.

Ni alquileres ni Ganancias de los jueces cuentan con dictamen, lo que obligaría a un debate sobre tablas que habrá que ver si están dispuestos a afrontar.

Otros temas a analizar

Por otro lado, no está definido si se incluye el proyecto de ley de semillas, que obtuvo dictamen de comisión, pero que genera resistencias, como por ejemplo, de Confederaciones Rurales Argentinas.

La ley vigente le da la posibilidad al productor de guardarse parte de una cosecha de soja o trigo para volver a usar en la siguiente campaña como semilla. La nueva ley limita ese uso propio y solo no estarán obligados a pagar regalías agricultores familiares, pueblos originarios y productores con una facturación de 4,8 millones de pesos. Sobre este último monto, se está analizando que se pueda ampliar.

Por cinco años, las empresas deberán informar con la bolsa de semilla el valor de la regalía que deberá pagar el productor. En la semilla se reconocerá toda la propiedad intelectual de las empresas que generaron ese producto.

Quedaron afuera

Uno de los proyectos que iba a entrar en la agenda de la última sesión del año era el de “ley corta” de Telecomunicaciones, que tiene media sanción del Senado. Pero el proyecto no logró consenso y fue postergado.

También quedó para más adelante el debate por el juicio por jurados, que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, consideraba que podría incluirse en el debate plenario.

Tampoco entrará el proyecto de extinción de dominio, que volvió del Senado con reformas, pero en el que hay un acuerdo con parte de la oposición por dejarlo caer y arrancar de cero el próximo año.