Hebe de Bonafini podría ir a juicio oral y público por la causa Sueños Compartidos, ya que la fiscal federal Paloma Ochoa pidió elevar el caso en la que la dirigente tiene procesamiento confirmado por defraudación a la administración pública por el desvío de más de $200 millones destinados para la construcción de viviendas sociales.

La medida de la funcionaria judicial se produce luego de una controversia con el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado le había ordenado que la causa pasara a la etapa de juicio oral, aunque Ochoa había advertido que todavía quedaban medidas de prueba por realizar.

Semanas atrás la fiscal federal había pedido enviar a juicio a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López, pero no a Bonafini.

El juez rechazó los planteos de Ochoa: "El hecho de que los nombrados no hayan señalado a los hermanos Schoklender como quienes les impartían las órdenes de cobrar cheques emitidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo no derriba la hipótesis de participación de Hebe María Pastor en la maniobra ilícita aquí investigada así como tampoco significa su desconocimiento sobre la misma", indicó el magistrado.

El juez aseguró que Bonafini "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación que ella misma había instituido y que en tal sentido al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución".

En respuesta, la fiscal indicó que las medidas de prueba que pidió "resultan fundamentales para clarificar la posible intervención de Bonafini" y aclaró que finalmente accedió al pedido del juez "para no dilatar el avance del proceso". Indicó además que las pruebas adicionales pueden realizarse en la instrucción suplementaria, o sea, cuando la causa llegue a un Tribunal Oral.

La fiscal consideró que Bonafini es partícipe secundaria en la defraudación a la administración pública por los fondos que recibió la Fundación Madres durante el gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de viviendas sociales.

La dirigente está acusada de avalar las maniobras de los hermanos Schoklender de desvío de los fondos públicos hacia otros fines fuera de los originales.

En la causa se investiga el faltante de $206.438.454 que "fueron desviados de su fin específico", entre ellas a financieras, mientras que también se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender y emisión de cheques que "lo tenían como beneficiario".

Se detectaron también "pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas".