Tras el revés judicial del viernes pasado, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó que ya era posible iniciar el juicio contra YPF y el Estado argentino por la nacionalización de la petrolera sin esperar que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera en cuál jurisdicción realizarlo, la jueza que lleva la causa, Loretta Preska, indicó que finalmente no comenzará el litigio hasta que el Tribunal de Apelaciones no se expida sobre los documentos que presentó la Argentina para apelar la decisión.

El juicio de Burford Capital Limited contra YPF y el Estado argentino por la estatización de la petrolera en 2012 tiene dos vía legales.

Por un lado, la Corte Suprema de EE.UU. debe decidir la jurisdicción del litigio. Si se desarrolla en norteamerica -como quiere Burford-, en España -porque el fondo les compró la demanda a las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora-, o en la Argentina -como quieren YPF y el gobierno de Mauricio Macri-.

Por otro lado, se está decidiendo el inicio del juicio: si debe comenzar o no, a pesar de que la Corte Suprema todavía no se haya expedido sobre la jurisdicción.

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones indicó que el litigio debía iniciarse igual. Los abogados argentinos presentaron un pedido de urgencia ante la Corte de Apelaciones para solicitar la reconsideración de dejar firme la sentencia.

El lunes finalmente la jueza Preska falló a favor de la Argentina e indicó que no avanzará con el juicio hasta esperar que la Corte de Apelaciones se expida al respecto de la presentación que hizo la Argentina.

Los abogados del país insisten en que el juicio debe iniciarse una vez que la Corte Suprema decida la jurisdicción. En este caso, los jueces del máximo tribunal le pidieron al procurador general norteamericano -el abogado de la Casa Blanca- su mirada con respecto al tema, sin plazos predefinidos.

En las próximas semanas se espera la nueva decisión de la Corte de Apelaciones sobre si el juicio debe comenzar o no. Aunque no será un fallo definitivo, ya que todavía quedan instancias para seguir apelando.

Los demandantes sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su participación. En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem había ofrecido casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York.

En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), así como en su viejo estatuto.

El argumento de los abogados locales es que la estatización de YPF se hizo bajo la ley de inmunidad soberana y no violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

Esta opción obligaría a Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos, como quiere el Gobierno.

Pero la Justicia norteamericana ya rechazó ese argumento en dos ocasiones: en primera instancia y en segunda instancia, por una decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.