Este martes comenzó el primer juicio oral en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública. En este contexto, la senadora le había solicitado al Tribunal Oral Federal 2 que le reservara 67 lugares.

Es que la exmandataria quería contar con el apoyo de las personas que le han sido fieles en los últimos años, y que la han defendido en todo momento.

Entre ellos, se podía ver en la planta baja a Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia; Verónica Magario, intendenta de La Matanza; Mario Secco, intendente de Ensenada; Gabriela Cerruti, exlegisladora porteña y a los diputados Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez, Horacio Pietragalla, Fernanda Vallejos y Victoria Montenegro.

 

También estaban Hebe de Bonafini y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Estela de Carlotto, titular de Abuelas; Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el periodista Horacio Verbitsky.

A la mañana muy temprano estaban Axel Kicillof, Martín Sabbatella, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Carlos Tomada, el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, y Sergio Urribarri, que fue gobernador de Entre Ríos durante los dos mandatos de la expresidenta, entre otros.

 

Uno de los que había dicho que estaría presente en Comodoro Py pero que al final no pudo concurrir fue Alberto Fernández, el exjefe de Gabinete que la acompaña en la fórmula como precandidato a la presidencia en Unidad Ciudadana. Fernández no pudo hacerse presente porque él es un testigo en el juicio.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Este primer juicio que se le seguirá, junto a otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Lázaro Báez durante el kirchnerismo, en Santa Cruz.

Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.