El Congreso nacional se prepara para comenzar a analizar uno de los temas que más preocupa a los jóvenes: el futuro del trabajo. Ambas cámaras comenzarán a analizar por separado esta temática y es probable que en el corto plazo se constituya una comisión bicameral a los fines de dictar una norma regulatoria.

En Diputados, legisladores de distintos bloques instaron al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, a crear una "comisión del futuro". La solicitud se realizó a través de una nota firmada por los legisladores del Frente para la Victoria-PJ Vanesa Siley, Walter Correa, Abel Furlán, Pablo Carro, Hugo Yasky y Fernando Espinoza; del Frente Renovador, Carla Pitiot; y de Red por Argentina, Facundo Moyano y Jorge Taboada, dirigida al titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Sergio Ziliotto.

"En todo el mundo se comienzan a dar debates para abordar el avance tecnológico a través de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial en los procesos productivos. En nuestro país, este tema debe ser afrontado a efectos de brindar respuestas a una realidad creciente que, sin un debido contralor y acompañamiento por parte de las instituciones del Estado y de las representaciones sindicales de trabajadores y empresarios, hacen peligrar las fuentes de trabajo", advirtieron los diputados.

Asimismo, señalaron que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) instó a los Estados a regular y legislar sobre el futuro del trabajo frente a estos avances tecnológicos.

Los diputados mencionaron como ejemplo que "a través de la modalidad de trabajo en las denominadas economías de plataformas, han comenzado a operar en nuestro país empresas como Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber, entre otras, que se plantean como intermediarias o prestatarias de un servicio en el que desconocen a las personas que trabajan en ellas como trabajadores".

En tanto, en el Senado, la titular de la cámara, Gabriela Michetti, y el jefe del bloque PJ, Miguel Pichetto, junto a reconocidas figuras del sector académico, lanzaron oficialmente la puesta en marcha de la "Comisión del Futuro".

"Esta no es una comisión parlamentaria, es un espacio que ayude a pensar y es esencial que este acuerdo sea integrado por los distintos actores sociales", explicó la vicepresidenta.

La comisión se reunirá una vez por mes para dar las conclusiones finales el 21 de noviembre próximo. El próximo encuentro será el jueves 6 de junio.

Julia Pomares, María Eugenia Estenssoro y Eduardo Levy Yeyati coordinarán, respectivamente, las áreas referidas a "los trabajos del futuro", al "modelo educativo que se necesita" y a "cuál es el rol del Estado" para estos cambios de paradigmas.

Desde la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) reclamaron que las empresas de aplicaciones se encuadren dentro del convenio colectivo, que establece una remuneración de 24.000 mensuales para los empleados del sector.

"Los glovers son parte fundamental de este ecosistema. Usamos el Monotributo, que se ajusta en cuanto a regulación al modelo que esta plataforma exige y ellos demandan. Más del 60% trabaja part-time, en el horario y día que quieren. No convendría un esquema rígido de relación de dependencia", aseguró  Martín Rubino, Country Manager de Glovo para Argentina y Uruguaya iProUP .

Según el ejecutivo, "a Glovo le encantaría a corto o mediano plazo un modelo híbrido, que combine la flexibilidad con cierta protección adicional". Y reveló que están dialogando con las autoridades en la búsqueda de ese esquema.

Problemática

Los "rappitenderos" denuncian que trabajan sin seguro de riesgos ni sin salario fijo y que las empresa decide las tarifas, las comisiones y los obligan a tributar (ya que están inscriptos en el monotributo) por las operaciones comerciales por las que ellos son responsables.

En ese sentido, la Secretaría de Trabajo de la Nación recibió el pedido para inscribir al primer sindicato de plataformas del país, la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que busca organizar a los trabajadores que transportan productos y personas.

Desde el sindicato no sólo apuntan contra las empresas por "incumplir la ley", sino que además critican al Ejecutivo porteño porque apeló el fallo del juez Andrés Gallardo, que obliga a suspender las apps de delivery hasta que los riders cumplan con ciertas normas de seguridad vial.

El abogado laboralista Juan Carlos Cerutti explica se encuentran fuera del Convenio Colectivo que corresponde y que en la legislación argentina "no está permitido ese modelo de empleo" y solicita que la AFIP o el Ministerio de Trabajo fiscalicen a ese rubro que ha irrumpido en el mercado "golpeando fuerte al empleo registrado".

Hay algunos sindicatos que son reticentes a regular una nueva forma de vinculación de estos trabajadores, ya que consideran que se trata de dependientes que deben tener la protección de la Ley de Contrato de Trabajo.

En tanto, Solana de Diego, del estudio De Diego & Asociados, remarca que "no se trata de trabajadores en relación de dependencia sino de autónomos que fijan su propio horario, eligen cuándo conectarse, qué pedido tomar o rechazar y no reciben ningún tipo de sanción disciplinaria". Y señala que no hay exclusividad de empleo, otro de los argumentos esgrimidos por los trabajadores.

El Ejecutivo teme que, en este escenario de desempleo creciente, las distintas aplicaciones que se dedican a los repartos de mercaderías o alimentos dejen de prestar servicio en el país y miles de personas se queden sin generar un ingreso.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) impulsa la reglamentación de la cobertura a los trabajadores autónomos y monotributistas. En principio, consideran que la alícuota para los monotributistas -que abarcaría hasta que se regule a aquellos que presten servicios para las aplicaciones de distribución- estaría en un piso cercano a los $850 y se iría incrementando de acuerdo a los riesgos propios de cada actividad.

Hay empresarios que miran con recelo esa situación porque consideran que –en esos casos-podrían ser demandados por "empleo en negro". El Gobierno busca que una manera de encuadrar la modalidad correcta, ya que teme un efecto boomerang y que muchos de esos monotributistas / autónomos queden desempleados.

Jorge Pico, socio del estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno, opina que "no necesariamente tiene que haber un cambio de regulación. En todo caso, debería analizarse qué tipo de protección busca otorgarse a este colectivo y su costo, para luego resolverse por las vías legalmente previstas la conveniencia o no de su inclusión en el sistema de riesgos profesionales".

En estos casos, no resultaría de aplicación la Ley de Contrato de Trabajo, careciendo los mismos de los derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad e indemnización por despido entre otras cosas. Y dejaría esos institutos a la regulación de una ley marco y a un acuerdo que puedan hacer entre las partes.