En los pasillos de Comodoro Py ya se refieren a ellos como "los cinco". Se trata del director corporativo de Techint, Luis Betnaza, su ejecutivo Héctor Zabaleta, y otros tres empresarios de la construcción, Juan Chediak, Alberto Padoan y Manuel Santos Uribelarrea. Por estas horas pueden considerarse afortunados. Al menos a mediano plazo, quedaron fuera de la primera tanda de procesados con pedido de juicio oral por parte del fiscal federal Carlos Stornelli y de las querellas de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. 

No corrieron la misma suerte otros 25 empresarios, para quienes sí se requirió al juez federal Claudio Bonadio el envío a juicio en la causa por los cuadernos de la corrupción. 

¿Por qué la diferencia? Es en la esencia del delito de cohecho, donde quienes deben resolver el futuro judicial de los directivos de Techint justifican una decisión que podría favorecerlos: hay una orden de la Cámara Federal para profundizar la investigación y determinar cuál fue el objetivo del pago ilegal que admitieron.

Betnaza y Zabaleta siguen procesados por supuesto cohecho activo, a diferencia de Paolo Rocca que logró falta de mérito.

Pero resta establecer para qué pagaron, condición necesaria en la acusación por cohecho. Porque también podría tratarse de un delito diferente y terminar en otro tipo de imputación más benigna, con un cambio en la calificación legal

Esta es la justificación que se da en Tribunales: la investigación en sus casos no está completa, se ordenó profundizar y sin que esto estuviera terminado llegó la decisión de enviar parte del caso a juicio.

Hay medidas de prueba pendientes para verificar si es válida la explicación que dieron: la necesidad de pagar a ex funcionarios kirchneristas para que intercedan en un tema humanitario, sacar de Venezuela a 200 directivos y empleados de la planta SIDOR, nacionalizada por el entonces presidente Hugo Chávez.

En otros dos casos de "los cinco", los empresarios Padoan y Uribelarrea, al confirmarse sus procesamientos se ordenó profundizar la investigación por falta de precisiones "que permitan establecer el nexo" entre los pagos ilegales y la "obtención de algún beneficio como proveedor, contratante o en virtud de otro vínculo con el Estado Nacional", advirtió la Cámara en su momento.

A esta directiva se aferraron el fiscal y las querellas para dejar a todos fuera de sus requerimientos de envío a juicio.

Chediak, por último, está procesado por 22 presuntos hechos de cohecho en otra causa aún en trámite por pagos ilegales en concesiones viales y por ello se argumentó que no debía ser enviado a juicio en este tramo de la causa cuadernos, donde se lo acusa sólo por un pago ilegal.

Los que sí

Arrepentidos o no, Angelo Calcaterra, Enrique Pescarmona, Gerardo Ferreyra, Aldo Roggio, Claudio Glazman y Carlos Mundin integran el listado de empresarios procesados por presunto cohecho activo y se sentarán en el banquillo, en un futuro primer juicio si Bonadio envía el caso a sorteo de Tribunal Oral.

Compartirán foto con sus consortes de causa, la ex presidenta Cristina Kirchner, el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y hasta con el remisero imputado colaborador Oscar Centeno, entre otros.

El cohecho prevé una pena de uno a seis años de prisión. En sus casos se vincularon los pagos ilegales con beneficios concretos obtenidos por sus empresas.

Por citar un ejemplo, Bonadio dio por probados 13 pagos entre 2008 y 2013 por parte de Pescarmona que, según la acusación, tuvieron como fin la rehabilitación y repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua. Y así ocurre con cada uno de los 25 empresarios con pedido de juicio.