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Desde seguridad eléctrica hasta legislación laboral: el acuerdo con la UE viene con una larga lista de reformas

Desde seguridad eléctrica hasta legislación laboral: el acuerdo con la UE viene con una larga lista de reformas
Además de ratificarlo, el Poder Legislativo debatirá sobre aspectos impositivos y aduaneros, entre otros. ¿Avanza la reforma laboral?
Por Sebastian Albornos
10.07.2019 11.00hs Legales

La firma de la rebaja arancelaria fue apenas el primer capítulo: ahora viene una extenso listado de rubros en los que Argentina y sus socios del Mercosur deberán cambiar o adaptar sus legislaciones como consecuencia del acuerdo de integración comercial con la Unión Europea.

El texto acaba con el 91% de los aranceles que hasta ahora se le imponía a los productos que llegaban desde Europa. A la vez, la UE eliminará el 92% de sus aranceles actuales a productos del bloque sudamericano.

Aún no se conoce el texto final de acuerdo pero las partes indican que su propósito es terminar con los problemas que tienen algunas empresas para entrar en otros mercados por las regulaciones y estándares técnicos que se utilizan como barreras proteccionistas.

De todas maneras, el acuerdo les permite a los Estados parte imponer medidas temporales a las importaciones reguladas si se producen aumentos inesperados que puedan provocar serios daños a sus industrias locales.

Si bien entrará en vigor una vez que todos los países miembros de ambos bloques lo ratifiquen, los Estados deberán adecuar sus normativas locales para que el convenio pueda implementarse sin generar inconvenientes locales.

Además, conlleva la puesta en marcha de un mecanismo de arreglo de disputas "justo, eficiente y efectivo", tanto para su interpretación como para forzar la aplicación de lo que se acordó.

Esto incluye la constitución de paneles y la realización de audiencias públicas, así como la publicación de sus decisiones.

Según confirmó Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería se trabajará en "una nueva reforma fiscal de largo plazo" ya que "el acuerdo pone topes a los derechos de exportación".

El funcionario sostuvo que se irán configurando techos más bajos para los impuestos, dado que también la Argentina lo necesita para que su productividad sea más competitiva.

En ese sentido, dijo que por ejemplo cuando finalice la vigencia del decreto temporario de los tres y cuatro pesos por dólar para las exportaciones industriales a fines de 2020, también habrá alícuota cero, por lo que esto "le dará mayor competitividad a todas las compañías".

¿Qué normas deberán modificarse?

-Compras y contrataciones gubernamentales: el acuerdo prevé normas de transparencia y no discriminación en los procesos de compras y contrataciones por parte del gobierno nacional, en bienes, servicios y obras públicas.

Gayol indica que las leyes argentinas sobre contratación, concesiones y compre nacional pueden tener que ser modificadas para adecuarlas al acuerdo, que probablemente siga los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre contratación pública.

-Reglamentos técnicos y estándares: son normas obligatorias que establecen las características específicas de un producto, por ejemplo el tamaño, la forma, el diseño, las funciones o el rendimiento, o bien la manera en que se etiqueta o embala antes de ponerlo en venta.

En este ítem también se requerirá una adecuación normativa, ya que los reglamentos técnicos y estándares son, en la actualidad, una de las principales barreras no arancelarias al comercio.

"Las principales áreas regulatorias afectadas serían seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, eficiencia energética y restricciones a sustancias peligrosas", agrega el socio de Marval O´Farrell & Mairal. También se incluyen las normas sobre etiquetado y rotulado. Asimismo, se modificarían los procedimientos para obtener las certificaciones de conformidad con esos reglamentos técnicos.

-Regulaciones de servicios: incluye normas generales sobre comercio electrónico para eliminar todas las barreras para que lleguen a estos territorios determinados productos con más facilidad un producto online comprado en Europa.

Ese capítulo contempla también protección de datos personales y la obligación a las autoridades de respetar un ecosistema online lo más seguro posible para las empresas.

De esta manera, el experto remarca que "habrá que adaptar las leyes locales al acuerdo sobre las provisiones que entiendan sobre la regulación de servicios postales y de courier, telecomunicaciones, servicios financieros, e-commerce, y servicios marítimos".

-Normas de propiedad intelectual: Gayol explica que las normas sobre copyright, marcas, diseños industriales, patentes, variedades vegetales, secretos comerciales e indicaciones geográficas pueden tener que ser revisadas para ajustarlas a lo acordado. El acuerdo también incluye normas sobre la ejecución de esta normativa.

-Regímenes de licencias de importación y exportación: el acuerdo prohíbe las licencias de importación y exportación no automáticas, que quedan limitadas a la administración de las cuotas de productos no liberalizados.

-Normas sobre retenciones y valores criterio: el acuerdo elimina ciertos derechos de exportación y los requisitos de precio en importaciones y exportaciones, por lo que habrá que modificar las leyes que traten sobre estos ítems.

-Regulación de los procedimientos aduaneros: el especialista en asuntos de comercio internacional le dijo a este medio que habrá que adaptar esa ley al acuerdo ya que este prevé la incorporación de normas y principios sobre facilitación del comercio.

-Regulaciones fitosanitarias, sanidad animal y seguridad alimentaria: los entes regulatorios (SENSA, ANMAT) pueden tener que adaptar sus regulaciones para verificar que los productos exportados cumplan con las normativas europeas, agregó Gayol.

-Las normas migratorias requerirán una modificación porque el acuerdo contiene cláusulas sobre movimiento de profesionales y esto pueden colisionar con las leyes vigentes.

-Defensa de la competencia: si bien la Argentina sancionó una nueva ley el año pasado, el acuerdo contiene normas sobre este tema, con lo cual es posible que sea necesaria alguna reforma al actual sistema.

Pedro De la Fuente, director del área de Servicios Legales de PwC Argentina, agrega que las modificaciones legales no se darán solo a nivel nacional sino también a nivel provincial y hasta municipal.

"Nuestro país debería también regular -en forma orgánica- el comercio electrónico; y aprobar el proyecto de modificación a la Ley de Protección de Datos Personales, aggiornándonos al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea", agrega De la Fuente.

¿Qué ocurrirá con las normas laborales?

Marcelo Brandariz, socio de PwC Argentina a cargo del área Laboral y de Seguridad Social, explica que "Argentina ha venido trabajando en los últimos años en distintas medidas que han generado beneficios importantes en materia de reducción de costos laborales directos e indirectos".

Entre los primeros se encuentran los denominados impuestos al trabajo que fueron ajustados, por ejemplo, mediante la implementación del mínimo no imponible en materia de contribuciones patronales; entre los segundos se ubican las modificaciones en materia de riesgos del trabajo que redujeron la litigiosidad y los costos asociados al sistema.

En este punto Brandariz cree que "estas modificaciones necesarias pueden no resultar suficientes en un escenario de mayor apertura que pudiera exigirse, por ejemplo, en el marco del acuerdo UE-Mercosur".

"Por ello, deben analizarse otras medidas que alienten un escenario de mayor competitividad, especialmente en materia de costos e impuestos al trabajo y, sobre todo, certidumbre en materia de los sobrecostos no previstos que implican las decisiones judiciales con interpretaciones que so pretexto de la protección de los derechos laborales generan un marco imprevisible e indigerible en la planificación de las compañías", destaca el experto.

En cuanto al alcance del acuerdo, De la Fuente resaltó que "si bien el gobierno argentino explicó -a través de su resumen informativo- que no será obligatoria la modificación de normativas laborales, de todas maneras deberá revisarse, junto a los convenios colectivos de cada actividad, a fin de garantizar ser competitivos frente a las empresas europeas". Lo mismo deberá hacer en materia impositiva.

Para Brandariz, el nuevo escenario "otorga una oportunidad muy interesante para pensar -hasta su lanzamiento definitivo- cómo podemos equiparar costos directos con las economías de la región y con la UE y cómo podemos generar un escenario de mayores certezas sobre los costos indirectos que blinde al empleador frente a interpretaciones abiertas en las resoluciones judiciales y más aún teniendo que asumir obligaciones de terceros, afectando en definitiva los valores de las mercaderías que se producen y servicios que se prestan".

Sobre esta materia, considera que la reforma laboral proyectada en los últimos años, contiene varios capítulos (blanqueo, indemnizaciones, tercerizaciones, fondo de cese laboral, figuras de trabajo autónomo, entre otras) que deben ser puestos nuevamente sobre la mesa.

"A partir del consenso inteligente y no sesgado, permitan construir un escenario de crecimiento e integración en la región y con la UE en un marco de paridad competitiva", concluye el socio de PwC Argentina a cargo del área Laboral y de Seguridad Social.

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