La sala I de la Cámara Federal porteña le dictó la falta de mérito a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en la investigación por supuesto pago de sobornos de parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil.

Asimismo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le pidieron al juez del caso Claudio Bonadio profundizar la investigación y realizar una nueva pericia.

La ahora precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos estaba procesada por presunta defraudación y cohecho pasiva en virtud de información surgida de la causa por los cuadernos por lo que el magistrado consideró a ambas pesquisas relacionadas.

Sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que, para este caso, "ninguna de las pruebas allí reunidas tiene incidencia en los hechos".

Además, aludieron a la "imprecisión" de una pericia hecha en unidades de transporte para demostrar que se adulteraban los trayectos recorridos para acceder a los subsidios al gasoil. "La imprecisión de esta prueba constituye un importante límite para avanzar en la dilucidación de los hechos del presente sumario", agregaron.

Por ello, concluyeron que "se impone la necesidad de llevar a cabo un estudio pericial que permita superar las falencias apuntadas, en el que se incluyan todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios al transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustible a precio diferencial".

"Es por ello que, una vez que se reúnan todos los factores de las ecuaciones respectivas y sean aunados bajo una lectura integral que las cohesione con las exigencias propias de un examen pericial, se asistirá a un escenario procesal óptimo para llevar a cabo la evaluación reclamada a la luz de la ley penal", definieron.

Al igual que la expresidenta, el detenido exministro de Planificación, Julio De Vido, y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes también habían sido procesados, también fueron beneficiados por la falta de mérito. La misma decisión corrió para Antonio Sicaro, Pedro Ochoa Romero y Roque Lapadula, y a empresarios del sector de transporte automotor.

En tanto, la misma sala confirmó una ampliación del procesamiento de la presidenta Cristina Kirchner por otros cinco casos de cohecho en la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública.

La sala I además confirmó las acusaciones sobre el ex director de Energías Renovables del ex Ministerio de Planificación Federal, Fabián Ezequiel García Ramón; y los empresarios Gerardo Ferreyra, Jorge Neyra y César de Goycoechea, entre otros. En el mismo fallo, los jueces fijaron los embargos de la ex presidenta y demás acusados en 50 millones de pesos.

Los presuntos pagos ilegales por los cuales la procesó en primera instancia el juez federal Claudio Bonadio fueron señalados por el remisero Oscar Centeno entre el 21 y el 23 de julio de 2010.

Según su declaración, algunos fueron entregados por el ex funcionario Roberto Baratta en la Quinta de Olivos y otros por el fallecido ex secretario privado Daniel Muñoz en el departamento de los Kirchner en el barrio de Recoleta.

Pero también se la procesó por pagos hechos entre el 30 de julio y fines de septiembre de 2010 en el edificio en la calle Uruguay, donde vive la ex mandataria.

"En lo que aquí interesa, en el auto de mérito dictado el 23 de abril pasado, el Magistrado Instructor amplió el procesamiento de Cristina Fernández y Ezequiel García Ramón, por considerarlos responsables del delito de cohecho pasivo, como coautora de cinco (5) hechos la primera y como partícipe necesario de tres (3) casos el último", sostuvo el Tribunal.