El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el presidente Mauricio Macri para cambiar el índice por el que se actualiza el monto que perciben los trabajadores que sufren un accidente de trabajo generó el rechazo de diversos sectores y, al mismo tiempo, reactivó un poco al Congreso.

Tanto diputados como senadores de la oposición se manifestaron contra la norma que ordena tomar el índice RIPTE (que se compone por un coeficiente de actualización que toma en cuenta a los salarios) en lugar de la tasa activa.

En los hechos, este cambio significa una importante reducción en el resarcimiento que deberán recibir los trabajadores accidentados por un hecho relacionado a su trabajo o sus familiares, en caso de fallecimiento.

Los legisladores antimacristas y sus asesores consideran que una modificación de este tipo debe ser realizada por ley, que no se cumplían los requisitos para el dictado del DNU, ya que el Congreso se encuentra en funcionamiento y que se trata de un texto regresivo, que restringe derechos y se desobedecen fallos de la Corte Suprema que ordenan buscar la "reparación integral".

Además, señalan que el DNU indica que se aplica incluso a los juicios que están en curso, lo que es contrario al artículo 7 del Código Civil y Comercial, que impide la aplicación de las leyes de manera retroactiva.

Por ley, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo deberá reunirse en los próximos días para tratar este decreto. En este marco, tanto el kirchnerismo como el peronismo confían en poder emitir un dictamen mayoritario de rechazo.

Luego, tras las elecciones del 27 de octubre, y con el posible cambio de gobierno, el sector antimacrista considera que podrían llegar a rechazarlo en alguna de las cámaras, ya que superan en cantidad de votos al oficialismo.

Para poder ser dejado sin efecto, el DNU debería ser rechazado por la otra cámara, aunque no habría tiempo material para tratarlo durante este año, ya que las sesiones ordinarias concluyen el próximo 30 de noviembre. La única opción es que el presidente Macri convoque a extraordinarias, pero consideran que esa situación es muy poco probable. Mientras tanto, el DNU continuará vigente.

La batalla que viene

El Gobierno justificó el decreto por "incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones" que, supuestamente, se dan con el actual índice con el que se calculan las compensaciones, con la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.

"Actualmente, el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al 90%", indica la norma.

"Además del referido desequilibrio sistémico, el ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma", sostiene el decreto.

Es decir, el Gobierno considera que el trabajador accidentado prefiere llevar adelante un juicio para ganar más que cobrar la suma que le ofrece la aseguradora.

Las críticas no tardaron en llegar. "Afecta derechos adquiridos de los damnificados y contradiciendo de alguna forma el precedente "Espósito" de la Corte sobre la no aplicación de nueva normativa a causas anteriores. Esta disposición resulta a nuestro entender inaplicable a esta categoría de conflictos", explica el abogado laboralista Horacio Schick, quien además señala que "no se verifica necesidad ni urgencia" con el dictado de esta norma sino que se pretende "hacer prevalecer rentabilidades extremas de las ART, cuando el sujeto de preferente tutela es el trabajador".

Y considera que los fundamentos del DNU "no expresan nítidamente circunstancias que lo ameriten, cuando en una grave e impúdica decisión se disminuyen las pautas de ajuste de los crédito por infortunios laborales, acentuando la pérdida de derechos que los damnificados vienen sufriendo hace años".

En tanto, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) se defendió de las críticas al indicar que el decreto busca garantizar "los derechos de los 10 millones de trabajadores cubiertos", ya que "el reemplazo de la tasa activa por la tasa RIPTE viene a corregir estas desmesuras y resulta más compatible con un sistema ligado a la masa salarial".

"Resulta obvio que no se puede indemnizar con tasas superiores al 100%, como venía ocurriendo hasta hoy, porque no hay rendimiento productivo ni financiero que genere esas rentas ni un inversor institucional como las ART que puedan legalmente acceder a ellas", agregó.

De continuar esta política, argumenta que el sistema ART se desfinanciaría, colapsaría y dejaría desprotegidos a los trabajadores, lo que deriva en una injusticia para el conjunto por el riesgo de quiebra del sistema.