Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa se convirtieron en los últimos excarcelados de una larga lista de presos que habían sido arrestados en causas de corrupción en los últimos cuatro años y que consiguieron la libertad.

Según un relevamiento del sitio Infobae, de las 79 personas bajo prisión preventiva que hubo en total en los últimos tres años, al 25 de septiembre había 19 arrrestados. Esa cifra disminuyó a 14.

Los empresarios del Grupo Indalo pagaron una fianza de $60 millones cada uno, a través de un seguro, porque tienen todos sus bienes inhibidos.

Precisamente, habían ido presos en diciembre de 2017 por maniobras con su patrimonio, que ahora la jueza Maria Capuchetti consideró que no existieron.

En los últimos días, obtuvieron su libertad Gerardo Ferreyra, detenido en la causa de los cuadernos, y Carlos Cortez, uno de los señalados testaferros en el caso de lavado de dinero de Daniel Muñoz. También el ex dirigente de Quebracho Fernando Esteche, detenido en la causa del Memorándum por sus antecedentes penales pero sin fecha aún de juicio oral.

El caso de Oscar Thomas merece una consideración aparte. El ex director del ente binacional de Yaciretá consiguió que la Cámara Federal transformara su arresto domiciliario en libertad a mitad de septiembre, luego de que el fiscal Carlos Stornelli consintiera el pedido de la defensa y de que se considerara que no había peligro de entorpecer la investigación porque la causa ya estaba elevada a juicio.

Sin embargo, la Cámara Federal dispuso que el juez Claudio Bonadio fijara la fianza. El magistrado fijó el monto en 60 millones de pesos. El defensor, José María Ubeira, apeló la cifra por desproporcionada. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi concedieron en bajársela a 50 millones de pesos. Ubeira fue a discutir el monto a la Cámara Federal de Casación Penal. Por eso, Thomas aún no se encuentra técnicamente excarcelado.

¿Quiénes están aún en prisión preventiva en diferentes causas? Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, en la causa por la ruta del dinero K desde abril de 2016; y Martín Báez, detenido en febrero último por orden del tribunal oral que lleva adelante el juicio a raíz de una serie de movimientos de dinero en cuentas embargadas. Aunque las prisiones preventivas de Báez, Chueco y Pérez Gadín ya cumplieron más de tres años, el tribunal decidió en abril extenderlas ocho meses más porque es lo que estimaban que duraría el juicio oral. Ya pasaron 6 meses. El juicio está ingresando a su etapa final y Lázaro pidió declarar en las próximas semanas.

También Julio De Vido y Roberto Baratta, los únicos señalados como organizadores de la asociación ilícita en el caso de los cuadernos que permanecen en prisión. De Vido tenía un pedido de arresto domiciliario por razones de salud, al que renunció de manera sorpresiva el mes pasado. Se estima que insistirá en el planteo el 26 de diciembre próximo, cuando cumpla sus 70 años. Baratta, en cambio, no ha presentado pedidos de libertad, confirmaron a Infobae fuentes consultadas. Por el delito que se le atribuye, su eventual pena no sería excarcelable.

En el expediente por Daniel Muñoz siguen presos los abogados Miguel Ángel Plo y su yerno Federico Zupizich, acusados de haber lavado dinero de la viuda del ex secretario millonario de Néstor Kirchner. No están en prisión: fueron enviados en arresto a sus casas por razones de salud.

Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente, sigue preso desde diciembre de 2017 en la causa por la obra pública. Su prisión preventiva sigue vigente mientras avanza el juicio oral en su contra. Ante el tribunal que lo está juzgando: "Estoy injustamente detenido".

En un escenario similar se encuentra Omar "Caballo" Suárez porque recién comenzó el juicio oral en su contra y el propio sindicalista llegó a presenciarlo con una remera de Cristina Kirchner 2019. Con arresto domiciliario por razones de salud, al portuario se le extendió en septiembre pasado, al cumplirse tres años de su arresto, su prisión preventiva por seis meses más.

La prisión preventiva se aplica para detener a una persona que aún no tiene condena en su contra pero se considera que existe riesgo de que el acusado se fugue o que en libertad pueda entorpecer la investigación. El plazo lógico previsto es dos años. Se vinieron aplicando sin inconvenientes en delitos comunes y en crímenes de lesa humanidad durante plazos mucho más prolongados que los dos años, justificados en la complejidad de las investigaciones. En los últimos años, sin embargo, las detenciones alcanzaron también a los casos de corrupción. Fue así como se llegó al numero de 74 ex funcionarios o empresarios presos, en diferentes momentos y en diferentes causas.

Alberto Fernández, a quien los números de las PASO dan como el próximo presidente de la Nación, criticó las prisiones preventivas, diciendo que se usaron de modo "arbitario" cumpliendo "con el poder de turno". Del otro lado, el ministro Germán Garavano también había cuestionado la aplicación de las prisiones preventivas.