Los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales no pueden pagarse con dinero embargado en investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Así respondió la Justicia a planteos que buscaban usar esos fondos para cumplir con estas obligaciones ante la AFIP. Permitirlo, implicaría ver "disminuidos injustificadamente los activos inmovilizados" que son garantía de "eventuales consecuencias jurídicas", es decir, de posibles decomisos si hay condena firme en futuros juicios orales.

En un caso puntual, el empresario y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner intentó obtener permiso para cancelar estos impuestos por los períodos fiscales 2018 y 2019 de él y de su esposa. Para ello pidió usar utilidades de inversiones en las sociedades de bolsa Puente y Máxima.

Lo hizo en la investigación en la que está procesado por supuesto pago de sobornos para la construcción de dos plantas potabilizadoras para la empresa estatal Aysa. 

El empresario está acusado como presunto partícipe de administración fraudulenta y  coautor de cohecho activo.

"Mal puede pretenderse que el imputado y su cónyuge deriven parte de los fondos que poseen cautelados en esta causa para el pago de sus impuestos dado que, de este modo, se verían disminuidos injustificadamente los activos inmovilizados en garantía de las eventuales consecuencias jurídicas que podría tener el proceso en una etapa posterior". Con este argumento, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires avaló la negativa del juez del caso Sebastián Casanello.

Además, el Tribunal sostuvo que más allá del carácter provisorio de la acusación hasta que recaiga sentencia firme, los bienes del patrimonio de Wagner están "sospechados de constituir el producto o ganancia del actuar delictivo imputado".

El constructor argumentó que no puede afrontar importantes vencimientos de Ganancias y Bienes Personales de 2018 y 2019 por la inhibición general de bienes que pesa sobre su patrimonio.

Dentro de lo embargado, hay inversiones que fueron autorizadas y que dan liquidez en las sociedades de bolsa y por eso pidió usar esos saldos para pagar los impuestos y evitar "perjuicios innecesarios para su patrimonio".

Wagner no integró en su totalidad el embargo de 527.200.000 pesos que se le fijó en esta investigación y por eso Casanello le dictó la inhibición general de bienes.

"La liberación de los fondos en cuestión operaría en detrimento de los propósitos para los cuales se dispusieron las medidas cautelares -hacer frente a una eventual pena pecuniaria, responsabilidad civil y/o decomiso- al modificar significativamente su patrimonio", argumentó el juez.

Wagner sostuvo, por el contrario, que el desembolso no modificaría "significativamente" su patrimonio porque representa menos del 5% y que además la idea era pagar en cuotas mensuales.

La defensa aludió además al "interés superior que emanaría del cumplimiento de sus cargas impositivas en tiempo y forma".

Los jueces advirtieron que Wagner no demostró la imposiblidad de afrontar el pago de esos impuestos al fisco con cualquier otro bien o medio.

Wagner está además procesado y es arrepentido en la investigación de los cuadernos de la corrupción y ya fue enviado a juicio oral por el juez Claudio Bonadio. En su confesión habló de la supuesta "cartelización" de la obra pública en el kirchnerismo y abrió la puerta para la citación a indagatoria y procesamiento de otro medio centenar de empresarios del rubro.