La Justicia procesó con embargos multimillonarios a ex directivos de la sociedad ANKER , Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda y de la empresa INC SA (Carrefour), en una investigación por supuesta "intermediación financiera no autorizada" , un delito que prevé de uno a cuatro años de prisión y multa de hasta ocho veces el valor de las operaciones realizadas.

La decisión fue del juez en lo penal económico Alejandro Catania es por una causa basada en la presunta operatoria desarrollada entre INC SA -que habría proveído dinero en efectivo- ANKER SA – que "habría brindado un servicio de recepción y custodia"– e Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada.

Esta última habría actuado como supuesta "cueva" financiera, cambiando cheques y otras operaciones no autorizadas. Los directivos de las dos primeras no podían desconocer -según entiende el magistrado- que lo que hacía la tercera era ilegal.

Las maniobras involucraron movimientos por unos $973 millones entre julio y diciembre de 2012; $2.876 millones en el 2013 y $3.476,1 millones de enero a noviembre de 2014.

En total, fueron unos $7.325,2 millones según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) incorporado a la causa.

Los procesamientos sin prisión preventiva recayeron sobre los por entonces responsables de ANKER, vinculada a la financiera Transcambio. Esta última también es investigada en Mar del Plata por la fiscal Laura Mazzaferri, por supuesto lavado de activos de activos en "Carbón Blanco" y también aparecería en "Panamá Papers".

La pesquisa había sido cerrada pero la reabrió la Cámara Federal de Casación, en una decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los procesados por ANKER son Jorge Vattuone y Andrés Vattuone, como presuntos partícipes necesarios con embargo por $14.650 millones de pesos a cada uno; también, Santiago Vattuone y Lucas Pueyrredón. Además quedó procesado Gonzalo Acquila Rowlands.

El juez en lo penal económico Alejandro Catania procesó también a la cooperativa Indocredit con el mismo embargo y a sus entonces responsables, entre ellos Cristian Gagliano y Jorge Masello, como supuestos coautores del delito.

En el caso de INC SA se fijó un embargo sobre sus bienes por $16.120 millones y a ANKER SA, representada por Jorge Vattuone, se le impuso uno por $14.650 millones.

Además, quedó procesado el ex presidente de la empresa que maneja la cadena supermercadista, Daniel Oscar Fernández, con un embargo de $16.120 millones de pesos como presunto partícipe necesario.

La decisión podrá ser apelada ante la Cámara en lo Penal Económico.

La investigación

Esta investigación gira en torno a la presunta recepción de multimillonarias sumas en efectivo por parte de la cooperativa Indocredit, que le habría dado liquidez para operaciones de cambio de cheques a terceros, en una actividad de supuesta "intermediación financiera" para la cual no se encontraba autorizada.

Para obtener el efectivo, "concurrió a la captación de dinero de terceros", a los que se ofrecía un interés, sostuvo Catania en el fallo al que accedió iProfesional.

Indocredit habría recibido así dinero en efectivo por parte de INC SA "a cambio del pago de una tasa de interés o contraprestación económica". Ese dinero, se habría entregado, según la causa, en oficinas de ANKER, una sociedad vinculada con la cual la cooperativa habría firmado un "Convenio de recaudación y custodia de fondos".

ANKER SA habría recibido las remesas, manteniéndolas en custodia hasta que empleados de la cooperativa las retiraran. De acuerdo con la causa, estos envíos de dinero en cuestión, también se habrían recibido en el domicilio de ANKER S.A., a nombre de AD LAW S.A. y ORPIL S.A. ("INC en Avlaw" e "INC en Orpil").

En cuanto a la sociedad ANKER SA y sus ex responsables procesados, el magistrado entendió que todos fueron directores cuando ocurrieron los hechos.

El presidente era Jorge Armando Vattuone y el vicepresidente Santiago Vattuone. El primero firmó el convenio de recaudación con Indocredit.

ANKER estaba vinculada al denominado "Grupo Transcambio" y desarrollaba sus negocios en un mismo edificio, distinto piso, en San Martín 140, ubicado en plena city porteña, lugar al que habrían llegado las remesas de dinero. Hasta allí llegó una inspección del Banco Central que originó luego la denuncia penal.

En virtud de la "alta jerarquía de los cargos que ejercían" Vattuone, Pueyrredón, Rowlands y Osvaldo Ventura, otros de los procesados, los hechos investigados "no podrían haber ocurrido sin el conocimiento, la intervención personal y la voluntad de los nombrados", se concluyó.

"Resultaría inverosímil suponer" que desconocieran que Indocredit descontaba o canjeaba cheques sin tener autorización, concluyó el juez.

Como contrapartida, desde Carrefour Argentina afirmaron no haber tenido participación "en ninguna actividad que se apartara de la ley y así lo seguiremos manifestando en las pertinentes instancias de apelación". 

"Es importante destacar que la operatoria de la empresa fue siempre absolutamente transparente, registrándola en su contabilidad, abonando los impuestos correspondientes y poniendo disposición de las autoridades competentes la totalidad de la información respaldatoria", señalaron. 

"Desde Carrefour Argentina, ratificamos nuestra total disposición a colaborar con la Justicia a los efectos de que se esclarezcan los hechos bajo investigación", agregaron. 

Detalles de la supuesta operatoria

Según la causa, la actividad reportó ingresos a ANKER por al menos $935 mil como honorarios facturados a la cooperativa.

La sociedad habría recibido al menos $7.000 millones de pesos en efectivo entre julio de 2012 y noviembre de 2014 por un breve lapso para entregarlo luego a personal de Indocredit. "Se encontraban absolutamente al tanto del destino que se daría a los fondos" y de la "ausencia de autorización de parte del BCRA para que la cooperativa operara en la manera en que lo hacía", agrega el texto.

El dinero habría sido transportado por Juncadella SA, que habría informado al juez que preparaba las remesas y las enviaba al destino indicado por su cliente, INC SA. En allanamientos se secuestraron recibos que dieron cuenta que la destinataria de las divisas era Indocredit y al analizarse sus cuentas bancarias se advirtió que "ninguna" registró acreditación de las sumas enviadas sino que "sus cuatro cuentas bancarias evidenciaron escasa o nula actividad".

En la causa, el apoderado de INC SA informó que la empresa "entrega dinero en efectivo proveniente de la recaudación de sus propias ventas en las líneas de caja a distintas sociedades locales a cambio de cheques al día a ser depositados en las cuentas bancarias de INC S.A. A tales efectos [INC] utiliza el servicio de transporte de caudales para trasladar los fondos hasta el lugar donde convenga la entrega con las antes mencionadas sociedades del efectivo".

Por la "contraprestación económica pactada" a cambio de aportar el dinero en billetes, INC SA "habría percibido ingresos por más de $292 millones de pesos", concluyó el juez en el procesamiento.

Otra mutual, Versalles, que recibía efectivo de la empresa de supermercados a cambio de un interés y lo usaba para el descuento de cheques a terceros -una actividad no autorizada para el mutualismo-, también quedó procesada y sus directivos embargados