Comodoro Py 2002 busca mostrarse activo. Ante los anuncios del presidente Alberto Fernández, se sabe que más temprano que tarde, habrá reformas en el fuero a cargo de las causas por corrupción en la función pública nacional. Los más optimistas hablan de la implementación del sistema acusatorio, otros de un nuevo intento por fusionar el fuero federal con el penal económico que tiene su sede en avenida de los Inmigrantes, a pocas cuadras.

Están los más recelosos que repiten que se buscaría garantizar la impunidad y también, hay quejas en los pasillos por un respaldo institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todavía se haría desear.

Por lo pronto, la imagen que se busca dar en el fuero federal porteño es la de actividad extrema.

En lo inmediato, las miradas políticas y judiciales están posadas en el primer piso del edificio donde tienen sus despachos los jueces de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El viernes dieron la orden para revisar el rechazo a excarcelar a Julio De Vido y Roberto Baratta. Esa misma noche ambos ex funcionarios kirchneristas salieron de la cárcel de Ezeiza por decisión del Tribunal Oral Federal 7, que prepara el juicio por los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

De manera inminente, los mismos magistrados del máximo tribunal penal del país decidirán si revocan o no la prisión preventiva a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en esa investigación.

La actividad pre feria judicial de enero promete ser intensa. Para el próximo jueves 19 la Cámara Federal convocó al abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, a una audiencia previa a resolver si -como él pretende- se revocan los sobreseimientos a los ex responsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los jueces Martin  Irurzun y Leopoldo Bruglia tienen que revisar la decisión del juez federal Ariel Lijo, quien sobreseyó a los ahora ex funcionarios en una causa que investiga si hubo presiones por parte de agentes del organismo de inteligencia  sobre el suspendido juez de Lomas de Zamora Luis Carzoglio para que avance sobre la figura del líder sindical en base a una causa penal que tramitaba.

Estos mismos jueces del Tribunal de Apelaciones quedaron a cargo de decidir sobre las apelaciones del empresario Juan José Aranguren y de la ex responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso a sus procesamientos por presunta influencia a favor de Shell, cuando el primero era Secretario de Energía de Mauricio Macri.

En realidad todo quedó radicado en la sala segunda de la Cámara Federal porteña, que sólo integra Irurzun y tiene dos vacantes. A este juez apuntan muchas de las críticas del kirchnerismo, a raíz de la bautizada "doctrina Irurzun" que según interpretan habrían abierto puertas para ordenar detenciones, comenzando por la de Julio De Vido en 2016.

Irurzun acaba de ser reelegido por sus pares como presidente del Tribunal de Apelaciones, un gesto de claro respaldo.

Como quedó sólo en su sala, vota junto con Bruglia en todas las decisiones y si no hay acuerdo se convoca a otro juez para el desempate.

En los casos de Aranguren, procesado por supuestas "negociaciones incompatibles" y Alonso, acusada por presunto "encubrimiento" sus apelaciones se presentaron esta semana, pero el fallo del juez federal Luis Rodríguez ya se leía por estos días en los despachos del segundo piso de Py 2002, sede del Tribunal revisor

Otro tema en agenda parece una cuestión menor, pero dista de serlo. El ex titular de la AFIP Alberto Abad pidió que dejen a su defensa presenciar la seguidilla de declaraciones de testigos que pasan por el juzgado federal de María Servini desde que los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López denunciaron presuntas persecuciones del gobierno de Macri.

La causa fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán y quedaron imputados Abad y su sucesor Leandro Cuccioli, además de los empresarios Orlando Terranova e Ignacio Rosner, entre otros. Servini negó permiso para asistir a esas audiencias y Abad le pide ahora a la Cámara que resuelva porque argumenta que se violaría su derecho a defensa.