La muerte del juez Claudio Bonadio impactó la primera semana de febrero en los tribunales de Retiro y puso freno temporario a una serie de decisiones judiciales que se anunciaban inminentes.

También hubo un regreso de feria judicial de verano con corte de luz de dos días y falta de sistema informático en Avenida de los Inmigrantes 1950, el edificio de la vuelta, que es sede del fuero penal económico. Allí es donde se llevan las principales causas por contrabando y evasión. Como frutilla del postre, la aparición de murciélagos y una cantidad inusual de cucarachas obligaron el viernes a una revisión y fumigación exhaustiva.

Pero a partir de esta semana se prevé una vuelta al ritmo habitual, con la reanudación de causas de alta resonancia a nivel político.

En el segundo piso de Comodoro Py 2002 se esperan novedades en las primeras investigaciones judiciales que derivaron en procesamientos a ex funcionarios del macrismo.

La situación del ex ministro de Energía Juan José Aranguren y de la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, es revisada estos días por el camarista Martín Irurzun, de la sala dos del Tribunal de Apelaciones, y por su par de la sala I, Leopoldo Bruglia.

A fines del año pasado las defensas de ambos acudieron a la Cámara para intentar revertir los procesamientos firmados por el juez federal Luis Rodríguez: se dictaron por supuestas negociaciones incompatibles en el caso del ex CEO de Shell, y, en la causa de Alonso, por presunto encubrimiento.

La Cámara Federal tiene varias posibilidades. Entre ellas, confirmar los procesamientos y allanar el camino al juicio oral. O, por el contrario, revocarlos, dictar una falta de mérito y ordenar al juez profundizar con más testimonios y pruebas.

Ambos ex funcionarios de Mauricio Macri quedaron procesados el 6 de diciembre pasado, en esa pesquisa orientada a establecer si hubo un presunto beneficio para Shell cuando Energía estaba bajo el mando de Aranguren, accionista de la empresa.

El empresario está embargado por 1.200.000 pesos y Alonso por un millón.

Para Rodríguez hubo un supuesto interés de Aranguren para que Shell incremente sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados. Sobre Alonso, sostuvo que la OA habría omitido actuar ante estos hechos. Y, al intervenir, lo habría hecho con "medidas superfluas".

Otra situación a decidirse es la del ex subdirector ejecutivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, Juan María Blaquier. Está procesado por supuestas "negociaciones incompatibles".

Al igual que Aranguren, sus abogados ya tuvieron audiencia en la Cámara Federal. En su caso, la firma del fallo correrá por cuenta de Bruglia junto a sus colegas de la sala uno del Tribunal de Apelaciones, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello. Según la acusación, Blaquier habría evitado apartarse a la hora de suscribir obligaciones negociables emitidas por las empresas Arcor y Cablevisión -con las que habría tenido vinculación hasta diciembre de 2015- por un total de 22 millones de dólares, como responsable del F.G.S.

El ex funcionario de la Anses está embargado por 12,4 millones de pesos.

De acuerdo al procesamiento, se habría interesado en el tema pese a los vínculos que lo unieron con ambas empresas y en base a los cuales tendría que haberse apartado en cumplimiento de la Ley de Ética Pública 25.188.

El 8 de junio de 2016 el FGS suscribió 10 millones de dólares de Obligaciones Negociables Clase A de Cablevisión SA. El 29 de ese mes hizo lo mismo con 12 millones de dólares de Arcor SAIC.

Se reanudan causas de Cristina Kirchner

No sólo en las investigaciones a los ahora ex funcionarios del macrismo se aguardan novedades.

Por un lado, sigue pendiente la esperada decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la prisión preventiva que dictó el fallecido juez Bonadio a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa por los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

Además de procesarla como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, el magistrado le había dictado la preventiva y pidió su desafuero, porque por ese entonces Cristina era Senadora nacional.

Desde diciembre del año pasado el tema de la preventiva quedó en condiciones de ser resuelto. Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña escucharon los argumentos de su abogado defensor, Carlos Beraldi. De hecho, el letrado pidió -sin éxito- una pronta resolución.

Casación resolvió a fines del año pasado un conflicto interno vinculado a qué sala debía ocuparse del asunto y, finalmente, quedaron a cargo estos jueces. El recurso está circulando sin una decisión tomada por el momento.

Bajo análisis en otro tribunal, la Cámara Federal, está la situación de un yerno del detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Quedó procesado por supuestos delitos que se le atribuyen en su paso por un cargo público en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) durante la gestión de gobierno kirchnerista.

Se trata de Martín Ramos. El juez federal Luis Rodríguez lo procesó por supuestas irregularidades, tales como compras y gastos hechos a cuenta de YCRT. Por ejemplo, unas 6.000 botellas de vino blanco y tinto a una bodega con la que tendría vínculos, concretada en la ciudad de Buenos Aires, para repartir entre empleados del sur.

También están bajo la lupa los gastos del equipamiento de la vivienda que se le dio para desempeñar el cargo en Rio Turbio. Según la acusación, al dejar su puesto se mudó nuevamente a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se habría llevado lo adquirido y pagado por Yacimientos: muebles, electrodomésticos y hasta un juego de copas.