El Senado sancionó, con 56 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las pymes y a las economías regionales, en el marco de la política gubernamental para combatir las subas de los precios de los alimentos.

Esta normativa establece qué productos como alimentos y bebidas cuyas marcas sean de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 30 por ciento del espacio en las góndolas de los supermercados e hipermercados.

Durante la jornada, se generaron diversos cruces entre los legisladores. La senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, que preside la comisión de Legislación General y fue la encargada de exponer los argumentos en favor de la iniciativa, destacó la necesidad de sancionar la ley en "un momento muy complejo del país en el que está en juego la pobreza y el hambre"."Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias", sostuvo la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo.

Almirón también cuestionó la posición del sector empresarial "que se aprovechan, dijo, del hambre de los argentinos", con decisiones que impactan en la suba de precios.

Desde la oposición, el interbloque de Cambiemos objetó la iniciativa al calificarla de "inocua" y advirtió que ya existen "herramientas" como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que "lamentablemente no se aplican".

Ernesto Martínez, senador de Cambiemos por Córdoba, dijo que la ley "es puro eslogan y marketing" y afirmó que la norma "no sirve absolutamente para nada", mientras que su par, Esteban Bullrich, adelantó que se abstendría de votar a favor y sostuvo que "la mejor manera" de solucionar el problema "es bajando impuestos" como el IVA.

La ley establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30% de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.

También determina que se le deberá brindar 25% a los productos de las pymes y un 5% a los de la agricultura familiar.

Además, se establece que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas --que configuran los sectores más codiciados-- se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.

Qué dice la ley

Entre sus puntos principales, la normativa determina que los establecimientos deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y sectores de la economía popular.

La ley, que deberá implementarse en un plazo de 60 días, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26 por ciento de la cadena comercial del país.Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos -canales de venta que concentran alrededor de 70 por ciento de las ventas minoristas-, quedarán excluidos, establece la normativa.

La ley comprende a los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.

El objetivo de la normativa es fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.

La postura de los supermercadistas

Los empresarios del sector consideran que es contraproducente para la actividad y que, como sostienen algunos economistas, no logrará frenar la inflación sino que puede llegar a incrementarla por las distintas variables del mercado.

Y confirmaron que se presentarán en los tribunales para buscar que se declare su inconstitucionalidad porque entienden que se viola la libertad de comercio y, además, se trata de una intromisión del Estado en decisiones concernientes al ámbito privado.

Además, señalan que se trata de una norma de difícil implementación y posterior cumplimiento, por diversos factores, entre los que destacan la complejidad del sector, la imposibilidad del control permanente por parte de las autoridades administrativas (inspectores) así como el camino que deberá recorrer hasta llegar a la sanción y su cumplimiento efectivo.

Por otro lado, advierten por la posible pérdida de puestos de trabajo, pérdida de rentabilidad y eficiencias y estiman que se pondrán en riesgo entre 5000 y 7000 puestos de trabajo ya que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%.