Los doce juzgados federales de Comodoro Py concentran investigaciones por corrupción que involucran a ex y actuales funcionarios nacionales y empresarios de la obra pública. El proyecto del presidente Alberto Fernández para "licuar" su poder se guarda bajo siete llaves: ni siquiera los jueces y fiscales con más diálogo en el área de Justicia logran obtener alguna pista. Todos esperan la letra chica.

Sin embargo, las especulaciones desde todos los sectores coinciden en un solo aspecto: la unificación de fueros federal y penal económico dentro del nuevo esquema anunciado.

Ante este panorama posible, algo sobre lo que sí se habla en los pasillos tribunalicios de ambos edificios es el efecto "bumeran" de la reforma: las causas federales quedarían a cargo de más juzgados de primera instancia y tribunales de apelación. Habrá más participantes en los sorteos a la hora de encarar investigaciones por delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, direccionamiento de obra pública o malversación de fondos, entre tantos otros.

Pero, como contrapartida, pasará lo mismo con aquellas causas que investigan a empresas por contrabando, evasión tributaria, delitos cambiarios, "cuevas" financieras, apropiación indebida de aportes, lavado de activos provenientes de delitos como importación, entre muchos otros.

La Aduana y la AFIP suelen tener un rol preponderante como denunciantes y querellantes en estos casos.

Los doce juzgados federales -de los cuales sólo dos están vacantes al día de hoy-y su Cámara empezarían por sorteoa ocuparse también de esos temas, exclusivos hasta ahora de sus pares en lo penal económico.

Funcionan a poca distancia, ambos tienen la misma jerarquía, cuentan con sus propios tribunales de apelación intermedios y confluyen en una instancia de revisión superior, la Cámara Federal de Casación.

La interacción física es permanente, al igual que los conflictos de competencia. Una de las causas más recordadas al respecto es la de Oil Combustibles, con idas y venidas entre el juez federal Julián Ercolini y su par penal económico Verónica Straccia.

Actualmente por ejemplo es juzgado en Comodoro Py 2002 el ex titular de AFIP Ricardo Echegaray en un caso por supuesta autorización irregular de importación de un auto diplomático que benefició a Chun TehHsieh, ex titular de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Argentina.

La causa se llevó en el fuero penal económico de Avenida de los Inmigrantes, pero el Tribunal Oral Penal Económico 1 tiene sede en Comodoro Py.

Las carretillas cargadas de expedientes van y vienen entre ambos edificios.

El fuero penal económico porteño tiene once juzgados, ocho funcionan en avenida de los Inmigrantes 1150, a la vuelta de Comodoro Py, y los tres restantes en Sarmiento 1118. Su instancia de apelación, la Cámara Nacional en lo Penal Económico, tiene dos salas de tres jueces cada una.

Sus cuatro tribunales orales están en uno de los últimos pisos del edificio de Py.

El fuero federal cuenta con doce juzgados, con lo cual una eventual unificación cerraría en 23 juzgados de instrucción, la mitad en relación al medio centenar al que aludió el Presidente en su anuncio: se descuenta que habría un pase del fuero en lo criminal ordinario al nuevo federal, mediante alguna estrategia que abra un camino constitucional.

La reforma traerá consecuencias no sólo en causas más mediáticas por corrupción sino también en aquellas en las que usualmente se juegan cifras multimillonarias vinculadas a delitos empresarios.

"Va a ser una reforma racional, unificar todo con todo es constitucionalmente imposible, eso se sabe", analiza un abogado defensor de muchos ex funcionarios kirchneristas con frentes abiertos en el fuero federal que funciona en Comodoro Py 2002.

La pregunta entre los jueces federales gira en torno a las vacantes que -se anticipa- abrirán las dos reformas en danza, la judicial y la jubilatoria. "Un concurso dura dos años, que nos expliquen cómo van a cubrir las vacantes", analiza uno de esos magistrados.