El gobierno porteño acatará el fallo que le puso un freno a su plan para que los mayores de 70 años pidan permiso para salir a la calle y no lo apelará.

Y mantendrán vigente el servicio de asistencia a los adultos mayores a través de la línea 147. "Es una cuestión estrictamente sanitaria", explican. Para graficar la importancia del tema, informaron que ayer más de 35 mil mayores de 70 años llamaron al call center para pedir ayuda y el 40% desistió de salir a la vía pública tras aceptar la colaboración del equipo de voluntarios.

El plan original había sido presentado como un permiso obligatorio con sanciones para los incumplidores. Luego de las críticas, la resolución oficial evitó las multas y reglamentó un esquema para que uno de los grupos de riesgo frente al COVID-19 realice un llamado telefónico antes de salir a la calle para comprar alimentos o cumplir con alguna de las actividades exceptuadas de la cuarentena.

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, confirmó el adelanto de Infobae. "No vamos a apelar la decisión judicial pero vamos a continuar con la medida de asistencia porque no es punitoria ni obligatoria", señaló en Radio Mitre.

 "Creemos que hemos puesto una muy buena herramienta al servicio de nuestros adultos mayores y ese es el objetivo", insistió el funcionario al tiempo que admitió que los reclamos recibidos "son genuinos". "Nos faltó claridad a la hora de la comunicación de la medida, eso quizás hirió algún sentimiento pero no es el objetivo. El objetivo fue sanitarista y no de coartar la libertad de nadie", enfatizó.

Ayer, el juez Lisandro Fastman resolvió que las personas pueden llamar a la línea 147 para pedir ayuda y asesoramiento pero no tienen la obligación de solicitar la autorización para salir de sus casas.

 "La imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad, de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, tal como lo prevé el DNU 297/2020, resulta una exigencia más gravosa para ese colectivo de personas, que para el resto de la población, que extralimita los contornos de las medidas de aislamiento del conjunto de los habitantes", sostuvo el magistrado en su resolución dictada el lunes por la noche.

"Por clasificaciones o categorías ´sospechosas´ se entiende aquellos supuestos en los que el legislador establece distinciones a partir de determinados factores, las que pueden responder a prejuicios o estereotipos que tienen el efecto de excluir del legítimo ejercicio de un derecho a categorías enteras de personas", sostuvo el juez y ejemplificó que otras casos de esa caracterización son la raza, la religión, la discapacidad y el género.

Fastman citó normas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de todas las personas. Explicó que a partir del aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus se fijó que algunas personas estaban exceptuadas de cumplirla porque brindan servicios esenciales, como la salud o la seguridad; otras, que incluía a la mayoría, para salir a comprar bienes de primera necesidad y con la nueva decisión del gobierno de la ciudad "existiría un nuevo grupo, con mayores restricciones a sus libertades individuales, y para quienes el aislamiento pasaría a tener una intensidad superior", lo que es inconstitucional.

 "Desde esta perspectiva, la medida –más allá de sus buenas intenciones por cierto, lo que se descarta- importa una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población", explicó el magistrado en su resolución de 21 páginas.

La causa la inició un señor de nombre Silvano Lanzieri que llamó por teléfono al 0800 del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires y pidió que se habilite la feria judicial para hacer un planteo. El juez lo habilitó y recibió la demanda, de la que informó al gobierno porteño para que la conteste. El pedido recibió la adhesión de otras siete personas ya que el juez abrió el caso a la ciudadanía.