Después de fuertes denuncias gremiales y cruces en el oficialismo por el manejo de la crisis laboral, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, intimó este martes a que LATAM pague en forma íntegra los salarios antes del viernes, bajo el apercibimiento de labrar infracciones y aplicar sanciones.

De esa forma, las autoridades buscan que la mayor compañía aérea de América Latina retrotraiga el recorte del 50% efectuado sobre los salarios de abril que cobraron en mayo 2.200 empleados y se avenga a negociar con los sindicatos aeronáuticos suspensiones por fuerza mayor, como lo prevé el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Caso contrario, Trabajo avanzará en inspecciones y puniciones previstas en el anexo II del Pacto Federal del Trabajo. "Recibimos la intimación pero no vamos a hacer comentarios", confirmaron a iProfesional fuentes de la compañía.

La cartera laboral adoptó esa medida a partir del informe técnico elaborado por la dirección nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a cargo de Gabriela Marcello. En su dictamen, el área encargada de arbitrar los conflictos y dictar conciliaciones obligatorias concluyó que la filial local del grupo empresario incumplió la normativa vigente.

"De las denuncias formuladas por las entidades sindicales y el propio reconocimiento de la empresa LAN ARGENTINA S.A. surge que, ésta última, procedió a disminuir los salarios del personal un 50% a partir del mes de abril de 2020 consignando en sus recibos la leyenda "artículo 223 bis", no dando cumplimiento a las normas hasta aquí reseñadas", señala el informe.

Trabajo ratificó así la prohibición de las suspensiones y despidos por fuerza mayor prevista en el decreto 329. Dicha medida habilitó el uso del 223 bis para acordar rebajas salariales con los gremios, pero las grandes empresas vienen resistiendo su aplicación a la vez que buscan aflojar la cuarentena o, en su defecto, obtener beneficios.

"La decisión es bastante más categórica de lo que vi muchas veces", reconocieron desde el gremio de Aeronavegantes (AAA), donde reconocieron que la filial argentina está "a merced" de lo que resuelva la casa matriz en Chile.

En ese marco, LATAM inició negociaciones a mediados de marzo con los gremios para reducir sus operaciones, a raíz del cierres de fronteras y la abrupta caída de la demanda por la expansión del COVID-19 a escala global.

De las tratativas participaron el Frente Aeronáutico (FAPA), conformado por personal de tierra (APA), pilotos (APLA), técnicos (APTA) y personal superior (UPSA), y los tripulantes de cabina (AAA). 

En su descargo, la empresa adujo pérdidas desde hace cuatro años por la "desregulación y apertura del negocio a nuevos actores y los sostenidos procesos inflacionarios y devaluatorios". También apuntó que su déficit fue afrontado por su casa matriz hasta 2019, por lo la crisis complicó su situación a nivel local.

Durante las conversaciones, UPSA y APA propusieron el pago de una suma no remunerativa por el 75% del salario bruto, más el 25% del bruto de carácter remunerativo para el personal suspendido y que eximir el monto no remunerativo de aportes y contribuciones en un 100%, abonándo únicamente ART, seguro de vida y obra social.

Pero ante la falta de acuerdo, la firma comenzó a convocar a los empleados para cerrar "acuerdos individuales" y finalmente aplicó los descuentos masivos sin el aval de los sindicatos, afectando incluso -según la denuncia gremial- a los trabajadores con licencia por ser grupos de riesgo o por cuidado de niños.

El conflicto se da en medio de fuertes tensiones dentro del Gobierno por la polítical laboral. El kirchnerismo busca que Moroni endurezca su postura frente al sector privado y mostró su descontento frente al desconocimiento alegado por el ministro sobre los recortes salariales en LATAM y los recientes despidos en Techint.

Pero también surgieron cortocircuitos por el manejo de los subsidios destinados al pago de la mitad de los salarios a las empresas mediante el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP). LATAM fue una de las empresas con más de 800 empleadas en ser beneficiadas.

Por otra parte, el Gobierno enfrenta un duro desafío ante la crisis del sector aeronáutico a nivel mundial por las medidas de aislamiento obligatorio. Esa situación llevó al rescate de las principales aerolíneas en Estados Unidos, Air France en Francia y Lufthansa en Alemania.

Todavía es una incógnita que ocurrirá con LATAM y sus operaciones en Argentina. Las acciones de la aerolínea se hundieron este martes un 51% la bolsa de Santiago de Chile, tras presentarse en concurso de acreedores en EEUU. La medida alcanza a Latam Airlines Group y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador. 

La compañía resultante de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM ya repartió u$s57 millones entre sus accionistas y solicitó ayuda al gobierno de Chile, Colombia y Brasil.

Previamente, el holding aplicó recortes a sus directivos y avanza para aplicar la misma medida a sus más de 43.000 empleados en toda la región. Su plan de ajuste incluye licencias sin goce de sueldo por hasta 12 meses y un plan agresivo de retiros voluntarios. Pero en Argentina se topó con una fuerte resistencia gremial.