El debate sobre la reforma judicial arrancó en el Senado con cruces picantes entre el oficialismo y la oposición, en el marco de un plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, con la participación de la ministra del área, Marcela Losardo.

El primero en hablar fue Esteban Bullrich (Pro), quien pidió una estimación del costo de la reforma -algo que la ministra no respondió- y solicitó el giro del proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

"Un proyecto de este tipo, que va a tener erogaciones presupuestarias, necesita pasar por la Comisión de Presupuesto. En este momento donde los recursos fiscales son escasos, hay que discutir el destino de esos recursos", sostuvo.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, expuso ante un plenario de comisiones del Congreso

Polémica

Por el Frente de Todos, Dalmacio Mera se refirió a la polémica en torno al consejo asesor que fue creado por el Ejecutivo. "Nadie hace ninguna mención a que tengan los méritos, se hace una observación a uno en particular", Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido, Mera cuestionó: "No he visto a ningún colegio de abogados defender el libre ejercicio de la profesión".

También criticó la valoración de la oposición en función de "si tenemos recursos o no" para poner en marcha la reforma, que consideró "oportuna y necesaria".

Por el contrario, la radical Silvia Elías de Pérez consideró que "claro que tiene que ver" el tema presupuestario, y advirtió que se crean "323 nuevos cargos de jueces fiscales y defensores" que demandarían "1.700 millones (de pesos) solo por el sueldo", mientras que la infraestructura demandaría "otros 1.000 millones de pesos".

Por eso, se preguntó si no sería más adecuado "cubrir las 153 ternas que están bajo análisis del Poder Ejecutivo y no se cubren; los 134 concursos que están en el Consejo de la Magistratura; y las 70 renuncias que han tenido con las jubilaciones", lo que hace a un total de 357 vacantes.

Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, se sumó a las críticas sobre la oportunidad de la ley "en un contexto donde hay una incertidumbre respecto a qué va a pasar con esta maldita pandemia", indicó el sitio Parlamentario.com.

En nombre del oficialismo, Martín Doñate aclaró que "no se trata de garantizarle la impunidad a nadie, sino de lograr una nueva organización de la Justicia" donde "se amplían los juzgados federales, se licúa la concentración de poder en pocos jueces, se le da un papel importante al interior del país y se mejora la transparencia".

Además, denunció que "los últimos cuatro años de gobierno fueron de los más escandalosos en materia de Justicia desde el regreso de la democracia", ya que "crearon una ‘mesa judicial’" desde la cual ejercieron "el más brutal lawfare" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la participación de funcionarios, periodistas y agentes de Inteligencia.

La reforma impulsada por el Poder Eecutivo plantea fuertes cambios en el fuero federal

Cargos en juego

Laura Rodríguez Machado (Pro) coincidió con sus pares en que "una reforma judicial no es crear más cargos sin solucionar el problema de la morosidad", y también cuestionó la falta de participación de la oposición en el consejo consultivo.

Por otra parte, le preguntó a Losardo si "hay una decisión por parte del Ejecutivo de modificar la ley que establece que para aprobar el pliego del procurador general se eliminaría el requisito de los dos tercios" en la votación del Senado, algo que la ministra negó tajantemente.

Mariano Recalde (Frente de Todos) consideró que la propuesta oficial "evidencia un ánimo de consenso". En respuesta a las objeciones sobre la presencia de Beraldi en el consejo consultivo, aclaró que el abogado "no va a tomar ninguna decisión más que aportar su conocimiento junto con otros diez juristas".

Su par Oscar Parrilli reconoció que la ley "no va a solucionar todos los problemas de la Justicia, pero por lo menos es un camino para empezar a solucionarlos".

Respecto de la oportunidad, recordó la reforma propuesta en 2017 y 2018, "cuando Argentina se endeudaba a cifras siderales, cuando se destruían empleos y empresas". "Decir que no es la oportunidad me parece más una excusa que una verdadera razón de Estado", retrucó.

Tras aclarar que "el texto no está cerrado, no es una imposición", subrayó: "Lo más importante es que cuando se nombren jueces y fiscales, se nombren hombres probos, honestos, capaces, que no sean presionados ni extorsionados, que no se sometan a ningún poder político o económico y que nos den a todos, sobre todo cuando no estamos en el gobierno, la garantía de que nos van a juzgar con el debido proceso".