Una de las empresas más grandes del país, acusada de evadir más de u$s100 M por exportaciones no realizadas
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Una empresa sabe que van a aumentar un impuesto, y se apura a declarar más ventas o exportaciones para pagar menos. Este truco, que es un clásico de la historia argentino, habría sido utilizado por una gran empresa exportadora.
Con las retenciones sobre ventas agrícolas, el incremento a partir de la Presidencia de Alberto Fernández era muy previsible. Por ello, la cerealera Bunge se habría apurado a declarar más exportaciones sobre finales del año pasado.
En cinco meses del 2019 declaró la misma cantidad de exportaciones que durante todo el 2018, lo que fue coloquialmente llamado "exportaciones fantasma" y que el fiscal federal a cargo de la causa -Carlos Stornelli- registró como falta de existencia de bienes para exportar.
El problema es que lo habría hecho declarando mercadería que en realidad no habría salido al exterior. Ese es el planteo de la demanda realizada por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.
Según esa presentación, "Bunge habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de siete millones de toneladas de granos antes de la suba de las retenciones, pudiendo haberse ahorrado con ello casi cien millones de dólares de impuestos o 427.500 toneladas de soja, que surgiría de eludir los 6 puntos de aumento de la alícuota".
El denunciante apoya su acusación en la desproporción de las exportaciones declaradas antes o después de las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO), según NA.
Cifras bajo la mira
Entre el 13 y el 31 de agosto de 2019 se habría acelerado la declaración de exportaciones por 1,4 millón de toneladas; en septiembre fueron 1,65 millón, algo menos -1,14 millón en noviembre y una cifra muy parecida en diciembre. En total, en los meses posteriores a las PASO se declararon exportaciones por más de 7 millones de toneladas, lo mismo que durante todo el 2018.
El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación de la denuncia, apuntó en su requerimiento de instrucción -del 3 de agosto pasado- que la cerealera procedió "falseando la existencia de los granos que decía tener en condiciones de exportar". Es decir, se trataría de exportaciones fantasma.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió intervenir en la causa, que tramita en el juzgado federal 5, que estaba a cargo del fallecido Claudio Bonadio y hoy lleva adelante María Eugenia Capucchetti. No se trata del primer conflicto de la AFIP con Bunge, a la cual el organismo acusó de haber evadido $ 1.200 millones de Ganancias en 2012, por los períodos fiscales 2006 a 2009.
Vicentin, investigada
La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de 110 millones de pesos, informó hoy el organismo público.
De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de 100.000 millones de pesos, fue denunciada por la AFIP "por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" ante el Juzgado Federal de Reconquista.
"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", explicó este sábado el organismo en un comunicado.
Agregó que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".
Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.
A partir de eso, el organismo dijo que "pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".
Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real", y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".
"Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados", concluyó el ente recaudador.
Ayer, la Cámara Federal porteña había confirmado el envío a la Justicia santafesina de parte de la investigación sob