El viernes pasado el proyecto de ley conocido como "Impuesto a la riqueza" obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. 

En vistas al avance de la medida y al impulso que le está dando el oficialismo para lograr su rápida aprobación en el Congreso, los potenciales afectados, sobre todo empresarios argentinos, ya estudian la legalidad de la normativa con el objetivo de presentarse ante la Justicia.  

Analizando la medida que se debatirá pronto en el recinto, el tributarista César Litvin señaló que "estamos frente a un impuesto patrimonial, que implica un doble supuesto de imposición jurídica con el Impuesto sobre los Bienes Personales que ya grava la misma base".

Para el experto esta normativa es inédita porque co-existirán "dos impuestos de naturaleza patrimonial gravando a los mismos contribuyentes y la misma base", y estima que es inevitable el efecto nocivo que tendrán sobre la inversión, el ahorro y la fuga de empresas y emprendedores. 

En ese marco ya hay varios estudios jurídicos e impositivos trabajando sobre recursos que los afectados por esta doble tributación presentarán ante la Justicia en caso de que sea sancionada. Aseguran que se incrementan las consultas desde el sector agropecuario, el petrolero, etc. 

César Litvin dijo que por el impuesto a la riqueza se preparan recursos en la Justicia

Los empresarios entienden que la medida tiene un carácter confiscatorio. Litvin recientemente expresó que "por confiscatoriedad se entiende, en general, el efecto que produce un tributo cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del patrimonio."

Este tipo de impuestos, según este experto, afecta la garantía constitucional de la propiedad consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

¿Un éxodo de empresas?

Hay empresarios argentinos pensando en cambiar su residencia fiscal al Uruguay

La AFIP calcula que unos 9.300 millonarios quedarían afectados por el impuesto a la riqueza y se esperan recaudar 307.000 millones de pesos.

En tanto, entre los alcanzados por esta medida que pretende sancionar el Congreso la sensación es de que siempre se imponen impuestos a los mismos, y que son además los generadores de empleo registrado. 

En ese marco, no son pocos los que están considerando la misma salida por la que optó Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, de radicarse en el exterior -en su caso Uruguay- y modificar su residencia fiscal, comenzando así a tributar en un país que les exige menores contribuciones en la Argentina.

Al Gobierno no le gusta este tipo de actitudes que consideran un mal ejemplo, así como cualquier argumento contra el proyecto que pretenden sancionar es entendido como una "defensa" de los millonarios en un país donde las cifras oficiales de pobreza están por alcanzar el 40%. 

De hecho, un reciente documento del Ministerio de Desarrollo Productivo desmiente que vaya a haber un éxodo de empresas. "Lo cierto es que éxodo y destrucción de empresas hubo en el gobierno anterior, cuyas políticas hicieron que hoy haya 25.000 empresas menos en Argentina. Cerraron empresas de todos los tamaños, destruyendo empleo por doquier. ¡Y esto pasó sin pandemia!", postula el documento.

Los empresarios se quejan de que en la Argentina "todos los años hay una nueva exigencia, un nuevo impuesto, algún desaliento" y les asusta volver a vivir la "caza de empresarios no amigos" que recuerdan de la última presidencia de Cristina Kirchner. 

E insisten en que la historia reciente demuestra que la baja de impuestos es lo que incrementa la producción, mientras que el incremento redunda en mayor pobreza, desempleo y desigualdad, haciendo crecer también el gasto público.