El Senado comenzará este martes a debatir en comisión el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, que busca recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus.

Si bien la intención del oficialismo es darle dictamen para que la iniciativa esté lista para ser tratada en el recinto de sesiones lo antes posible,  el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista cordobés Carlos Caserio indicó que no se dictaminará inmediatamente sino que se tomarán unos días para escuchar a todos los sectores.

En ese sentido, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó en un comunicado su "desacuerdo y preocupación" en relación al proyecto.

Durante su debate en Diputados, para la entidad, no se tuvieron en cuenta "los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes".

En este sentido, la UIA le exigió al Senado que incorpore "una visión productivista al tratamiento del proyecto en cuestión". En documento se le pide: excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles), permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.

En el texto emitido por la Unión Industrial Argentina además se le exige incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación) e incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

"No sé si vamos a hacerle algún cambio. Si lo consideramos necesario, lo haremos. No tenemos ningún impedimento en mejorar el proyecto", destacó Caserio.

Por otro lado, destacó que, "si el proyecto es dictaminado la semana próxima, no estará listo para ser debatido en el recinto hasta la otra" en una hipotética sesión dentro de una prórroga de las sesiones ordinarias y en un eventual llamado a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto, adelantaron que no apoyarán la medida del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, repitiendo el comportamiento de sus pares de la Cámara de Diputados.

"Esta es una gran cortina de humo para hacerse los solidarios mientras eliminan el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)", cuestionó la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado.

Para la senadora de la oposición, el proyecto "no es un elemento recaudatorio" y advirtió que existe una "doble imposición por un doble tributo".

Según Rodríguez Machado la iniciativa del oficialismo "demuestra un gran sesgo anti empresa".

El Senado podría incluir cambios en el proyecto aprobado por Diputados

Qué establece

La iniciativa que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos tiene como objetivo recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

El proyecto alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.

La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.

Es probable que el proyecto alcance a más personas de las estipulados inicialmente

Cuántos deberán aportar

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont, aseguró que "para este impuesto se va a tener que hacer una declaración jurada y presentar cuál es el patrimonio" dijo y reconoció que habrá diferencias con la presentación de mitad de año de Bienes Personales "por la valuación de esos activos".

Además, admitió que "el ajuste cambiario va a incidir y probablemente amplíe el universo alcanzado".

De estos números finales podría surgir que la cantidad de contribuyentes que pagarían el aporte podría ser mayor al estimado inicialmente.

Marcó Del Pont había estimado que tomando en cuenta la base de cálculo de fines del año pasado, el impuesto alcanzaría a 9.300 personas. Pero la cifra será mucho más alta por el cambio de la fecha de cálculo de gravamen.

A fines de 2019, el dólar oficial -con el que se calcula el impuesto- rondaba los $60. Pero ahora llega a $86, más de un 40 por ciento más.

"Cuando vemos qué sector de los contribuyentes estaría alcanzado por este aporte con datos a diciembre del año pasado nos da el 1% de los contribuyentes. Es un impuesto progresivo y partimos de que la forma más sostenible y consistente de financiar al gasto público es a través de impuestos y no del endeudamiento", concluyó Marcó del Pont.

Para la UIA, estos números muestran que "el proyecto afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente. Confiscatoriedad, porque grava la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo). Capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos. Retroactividad de la condición de residente, porque este tributo alcanzará a los residentes al 31/12/2019 aunque hayan perdido dicha condición durante este año".