Enero parecía que se iba a transformar en un mes de intensa tarea legislativa en el Congreso Nacional, pero nada de eso ocurrió. Divergencias entre distintos sectores del oficialismo hicieron que se posterguen las sesiones extraordinarias, que se habían estipulado para el 20 y el 26 de enero. Ahora, el Frente de Todos trata de cerrar filas para poder llevar al recinto la mayor cantidad posible de proyectos. Es que hay una veintena de iniciativas que esperan ser tratadas, muchas de las cuales son consideradas indispensables por el gobierno de Alberto Fernández.

En el Senado, en tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a la sesión especial para el jueves a las 14 horas, con la misma modalidad remota para la mayoría de los legisladores que rige desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

El esquema implica una mínima presencia de senadores en el recinto de sesiones, entre ellos las autoridades de la Cámara Alta. El resto participarán a través del sistema virtual al que podrán conectarse desde sus provincias de origen o desde despachos del Palacio Legislativo.

En esta cámara, no se mantendría el ritmo frenético que podría haber en Diputados.

De los 27 proyectos de ley mencionados en el temario extraordinario, el Congreso convirtió 7 en leyes: la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; la creación del aporte solidario para las grandes riquezas; el recorte de la coparticipación a la Ciudad por la transferencia de la Policía; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y un permiso para que el presidente pueda ausentarse del país durante el 2021.

Ahora, en el temario de sesiones extraordinarias de febrero se destacan los proyectos de:

- Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.

- Implementación de medidas de incentivo de carácter tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional (modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto a los Bienes Personales).

- Implementación de un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas realizadas en el territorio de la República Argentina.

- Creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario.

- Acuerdo para la designación de defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal.

- Acuerdos para la designación de Autoridades del Banco Central de la República Argentina.

- La Reactivación de Obra Pública para Vivienda.

- La Implementación del Código Procesal Penal Federal.

- Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán – Lohana Berkins".

- Aprobación del Acuerdo Marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus Anexos, suscripto en la Ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 2 de noviembre de 2016.

- Calendario Electoral 2021, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19. Se considerará el tratamiento de un proyecto destinado a suspender, por única vez y de manera excepcional, las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). También se encuentra abierta la opción de atrasar la fecha de realización de las PASO para el mes de octubre y la fecha de las elecciones generales para diciembre.

Muchos de estos temas tienen el visto bueno de todos los espacios políticos y no generarían conflictos en el recinto como, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, modificaciones en el régimen de monotributo, la promoción del crédito hipotecario, incentivos a la construcción, cupo trans en el sector público, el acuerdo marco con la Secretaria de Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos. Y el financiamiento del sistema nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.

En el Senado continuarán con las sesiones virtuales y presencia mínima de legisladores

El escenario en Diputados

A principios de año, el acuerdo de trabajo se había renovado con el aval de casi todos los espacios, menos de Juntos por el Cambio, que reclama sesiones 100% presenciales, salvo casos excepcionales.

Pero eso no es todo. El inconveniente principal para el oficialismo y sus aliados surge por las divergencias en la no inclusión en el temario del proyecto de ley que establece la prórroga hasta 2024 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible, que vence en el mes de mayo y que cuenta con media sanción del Senado.

El espacio que responde a Roberto Lavagna (Interbloque Federal) denunció al oficialismo -a quien aporta un número esencial de legisladores a los fines de aprobar los proyectos- por "ausencia de explicaciones y el incumplimiento de los compromisos" que generan "incertidumbre, socavan la confianza, al extremo de poner en riesgo las fuentes de trabajo que se han creado en estos años y las inversiones realizadas".

A través de un comunicado reclamaron el tratamiento de la ley "sin ceder a la presión de nadie".

Desde el Frente de Todos indicaron que tratarán  es llegar a un acuerdo lo más amplio posible respecto al temario a tratarse en una sesión extraordinaria.

Juntos por el Cambio condiciona el debate exigiendo que los proyectos a tratar durante las sesiones de verano queden preestablecidos por escrito antes del inicio de cada sesión para evitar debates de temas conflictivos como la reforma judicial y las modificaciones en el Ministerio Público para elegir al Procurador General de la Nación.

Una ley que podría tratarse sin problemas es el proyecto de "sostenibilidad" de la deuda, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece que el Presupuesto que el Ejecutivo envíe al Congreso como plan de gastos anual "deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio".

Además, el articulado impone no sólo que "toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial" del Congreso, sino que el mismo camino tendrá que adoptar "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones".

Durante su tratamiento en el Senado, el cristinismo sumó un artículo a través de la legisladora camporista Anabel Fernández Sagasti. La incorporación modifica la ley de Administración Financiera para que la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, programas con el FMI y eventuales ampliaciones, no puedan destinarse a gasto corriente.

La agenda judicial está dentro del temario presentado por el Ejecutivo. No serán temas que se discutirán en el verano sino luego del inicio del periodo de sesiones ordinarias 2021, que inaugurará Alberto Fernández el primero de marzo.

Por divergencias internas, el oficialismo no puede avanzar con el temario de sesiones extraordinarias

En el Senado

En la cámara alta, el temario previsto para incluye un proyecto para reformar el tribunal de Defensa de la Competencia en cuanto a mejorar la conformación y el funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Uno de los cambios propuestos consiste en que la designación de los integrantes se formule a través de las propuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo, pasando por la revisión del Congreso para su aprobación final.

Además, modifica conceptos de la normativa vinculados a la concentración económica y la toma de control de una o varias empresas. La norma define esa acción mediante la fusión entre empresas, la transferencia de fondos de comercio o la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda.

Entre los fundamentos del texto se sostiene que "mediante esta reforma se propicia también una mayor participación de las organizaciones de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores al posibilitar su intervención en el marco de las actuaciones sometidas a consideración del Tribunal de Defensa de la Competencia".

Además, la comisión de Presupuesto y Hacienda analizará el proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2020. Esta otorga $70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

Y establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.